El Senado sancionó la reforma impulsada por el Gobierno para ampliar el Régimen Simplificado de Ganancias e incentivar que ahorros actualmente fuera del circuito formal ingresen al sistema financiero. La votación terminó con 44 votos a favor y 23 en contra, sin abstenciones.
El Senado convirtió este jueves en ley el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, una reforma impulsada por el Gobierno nacional que modifica las condiciones para acceder al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y establece nuevos criterios para la fiscalización de los contribuyentes.
La iniciativa fue aprobada por 44 votos afirmativos y 23 negativos, sin abstenciones, y quedó definitivamente sancionada debido a que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.
La Libertad Avanza consiguió el acompañamiento del PRO, la UCR y diferentes bloques provinciales. Entre los espacios que aportaron votos se encuentran también Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.
Los 23 votos negativos correspondieron al bloque peronista, que durante el debate cuestionó la iniciativa y la vinculó con un mecanismo de blanqueo permanente.
Qué cambia con Inocencia Fiscal II
Uno de los principales cambios está relacionado con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias.
Hasta ahora quedaban excluidos quienes hubieran registrado ingresos superiores a $1.000 millones anuales o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los períodos contemplados.
La nueva ley elimina esos límites para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que opten por la modalidad simplificada.
La reforma forma parte de la estrategia del Gobierno para incentivar la incorporación al circuito formal de ahorros que actualmente permanecen fuera del sistema financiero.
Los beneficios contemplados por el régimen tendrán como fecha límite el 31 de diciembre de 2027.
Qué podrá controlar ARCA
La ley también modifica el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede cuestionar una declaración jurada simplificada.
La reforma establece nuevos parámetros para esas diferencias y mantiene facultades de fiscalización sobre contribuyentes considerados de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.
Quienes ingresen al régimen deberán, además, canalizar sus operaciones mediante el sistema financiero formal, utilizando los medios habilitados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.
La normativa mantiene también restricciones para funcionarios públicos y personas que hayan desempeñado determinados cargos durante los años anteriores.
Entre las modificaciones incorporadas durante la discusión legislativa aparece además una reducción del 25% de las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas.
Con la sanción del Senado, el Gobierno consiguió convertir en ley una de las iniciativas económicas que había colocado entre sus prioridades legislativas.
El oficialismo sostiene que el nuevo esquema busca aumentar la confianza de los contribuyentes y favorecer la incorporación de ahorros al circuito formal. Desde el peronismo, en cambio, se cuestionó el régimen por considerar que profundiza un mecanismo de regularización de capitales.
La votación terminó por reflejar esas diferencias: 44 senadores acompañaron la reforma y 23 la rechazaron.
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