Durante una nueva audiencia del juicio oral, la Unidad de Información Financiera sostuvo que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner encabezaron una presunta estructura destinada a canalizar fondos provenientes de contratos públicos hacia sus empresas familiares. La acusación involucra a 24 imputados, entre ellos Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces avanzó este viernes 6 de noviembre con la lectura de la acusación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que atribuye a la familia Kirchner la organización de un presunto mecanismo de corrupción y lavado de dinero mediante operaciones inmobiliarias y hoteleras.
La audiencia se desarrolló ante el Tribunal Oral Federal N° 5, que comenzó a examinar los argumentos de la querella contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner y otros imputados.
En su requerimiento de elevación a juicio, la UIF sostuvo que Néstor Kirchner y Cristina Fernández habrían organizado una “asociación ilícita de carácter estable y permanente” destinada a favorecer a empresarios cercanos mediante contratos públicos y, posteriormente, incorporar parte de esos fondos a su patrimonio familiar.
El organismo calificó la presunta maniobra como “un esquema de corrupción sin precedentes”, que, según su hipótesis, se extendió durante más de doce años.
Se trata de acusaciones formuladas por la querella que deberán ser examinadas durante el proceso judicial. La lectura de estos cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
La hipótesis de la UIF: contratos públicos y operaciones privadas
Según la acusación, el presunto mecanismo habría comenzado con el otorgamiento de contratos y otros beneficios económicos a empresas vinculadas con empresarios cercanos al matrimonio Kirchner.
Posteriormente, una parte de esos recursos habría regresado al entorno familiar mediante operaciones comerciales que, para la querella, tenían como objetivo disimular su verdadero origen.
Entre los mecanismos señalados figuran préstamos, compraventa de propiedades, alquileres de inmuebles y complejos hoteleros, además de obras y mejoras realizadas en esos establecimientos.
La UIF sostiene que estas operaciones habrían permitido incorporar dinero de presunto origen ilícito al patrimonio de la familia presidencial bajo la apariencia de ingresos comerciales legítimos.
El planteo identifica dos fuentes principales de financiamiento: los fondos presuntamente vinculados con irregularidades en la obra pública de Santa Cruz y los ingresos obtenidos por empresas del Grupo Indalo, beneficiadas —según la acusación— por distintas actividades y contratos durante los gobiernos kirchneristas.
Los Sauces, una pieza central de la investigación
La querella ubicó a la inmobiliaria Los Sauces como uno de los principales instrumentos del presunto esquema.
La sociedad fue constituida en 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo, quien asumió su presidencia.
Florencia Kirchner se incorporó posteriormente a la estructura societaria.
De acuerdo con el requerimiento, una vez conformada la empresa se incorporaron inmuebles que luego fueron utilizados para celebrar contratos de alquiler con compañías pertenecientes a los empresarios investigados.
La UIF considera que algunos de esos contratos habrían sido simulados o pactados por valores superiores a los de mercado, sin una justificación comercial suficiente.
Bajo esa hipótesis, los pagos por alquileres habrían funcionado como una vía para transferir fondos a la familia Kirchner y otorgarles apariencia de legalidad.
La acusación sostiene que entre 2009 y 2016 Los Sauces recibió más de 25 millones de pesos mediante las operaciones cuestionadas.
El origen de esos pagos, las condiciones de contratación y la existencia o no de contraprestaciones reales forman parte de los hechos que deberán analizarse en el juicio.
Los empresarios y los 24 imputados
El expediente reúne a 24 personas imputadas, entre las que se encuentran los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La UIF atribuye a cada uno distintos niveles de participación dentro de la estructura que describe en su acusación.
En el caso de Báez, el organismo vincula las operaciones investigadas con fondos provenientes de la presunta defraudación en contratos de obra pública adjudicados en Santa Cruz.
Respecto de Cristóbal López y Fabián De Sousa, el requerimiento menciona el crecimiento de las empresas del Grupo Indalo, con actividades en sectores como hidrocarburos, juegos de azar y otras áreas económicas.
La querella sostiene que las relaciones comerciales entre esos grupos empresarios y las sociedades vinculadas con los Kirchner deben examinarse en conjunto para determinar si existió un circuito de lavado de activos.
La participación de los acusados y la naturaleza de las operaciones serán cuestiones centrales durante la producción de pruebas.
El papel que la acusación atribuye a Néstor y Cristina Kirchner
Otro de los aspectos del requerimiento se concentra en el presunto aprovechamiento de las atribuciones del Poder Ejecutivo.
La UIF sostuvo que Néstor Kirchner y Cristina Fernández habrían aportado al esquema el poder político e institucional derivado de sus respectivos cargos presidenciales.
Según la acusación, esa posición habría permitido favorecer a determinados empresarios mediante decisiones administrativas y contratos estatales.
El organismo también menciona la participación de funcionarios y personas de confianza que, de acuerdo con su hipótesis, habrían colaborado con el funcionamiento del mecanismo.
La querella considera que las operaciones inmobiliarias y hoteleras investigadas no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de una presunta estructura sostenida a lo largo de varios años.
Estas afirmaciones forman parte de la teoría acusatoria y deberán ser contrastadas con las pruebas y los argumentos de las defensas.
El juicio continuará el viernes 13 de noviembre
Después de completar la primera parte de la lectura del requerimiento de la UIF, el presidente del Tribunal Oral Federal N° 5, José Michilini, dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de noviembre.
En la próxima audiencia continuará la exposición de la acusación del organismo, antes de avanzar con los restantes requerimientos correspondientes a las causas acumuladas.
El tribunal también analiza ampliar el calendario de audiencias para acelerar esta etapa del proceso.
Actualmente se contemplan jornadas los lunes y viernes, pero podría incorporarse también el miércoles para evitar demoras y la necesidad de realizar sesiones los sábados.
Una causa de fuerte impacto político
El juicio Hotesur-Los Sauces constituye uno de los procesos judiciales de mayor repercusión política relacionados con la actividad económica de la familia Kirchner.
La investigación busca determinar si las operaciones comerciales desarrolladas por las sociedades familiares fueron negocios legítimos o si, como sostiene la acusación, se utilizaron para canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas.
El debate oral deberá examinar la documentación societaria, los contratos, los movimientos de dinero y las responsabilidades individuales de los imputados.
Por ahora, el proceso se encuentra en la etapa de lectura de las acusaciones. La responsabilidad penal de cada persona deberá establecerse mediante las pruebas que se produzcan y la sentencia que finalmente dicte el tribunal.
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