En un duro revés para el Gobierno de Javier Milei, la Justicia federal le ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.
La decisión fue adoptada este martes por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario.
El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno intentó condicionar la ejecución de la ley 27.795 a una definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso, pese a que la norma ya había sido insistida por ambas cámaras.
Según el fallo, al que tuvo acceso Diario Sonar, la conducta del Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como arbitraria y contraria a la Constitución Nacional.
Cormick sostuvo que, tras la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución, el Poder Ejecutivo no puede introducir variantes suspensivas para demorar o bloquear la promulgación y aplicación de una ley sancionada por el Congreso.
La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar regirá hasta que se dicte sentencia definitiva.
Un fallo que expone el ajuste
En sus fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento del deber normativo genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al señalar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del sector universitario.
Además, remarcó que esta situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos, y rechazó el argumento del “interés público” invocado por el Gobierno para justificar el ajuste.
El fallo subrayó que el deterioro salarial no solo afecta a docentes y trabajadores universitarios, sino que impacta de lleno en el derecho a enseñar y aprender, pilares del sistema educativo público.
En ese sentido, Cormick relativizó el impacto fiscal de la medida cuestionada por el Ejecutivo y señaló que el eventual ahorro representaría apenas el 0,23 % del PBI, desnudando la desproporción entre el ajuste aplicado y el daño social generado.
La resolución también puso en cuestión la avanzada del Gobierno sobre el principio de división de poderes, al advertir que condicionar una ley insistida por el Congreso mediante un decreto de menor jerarquía podría vulnerar el orden constitucional.
Si bien el juez aclaró que la medida se dicta en un estado preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, consideró acreditados los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.
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