El Gobierno de La Pampa informó que los salarios de los trabajadores de la administración pública provincial registraron un incremento acumulado del 19% durante el primer semestre del año, superando la inflación del período, que fue del 16,7% según el INDEC.
Desde el Ejecutivo señalaron que la diferencia representa una recuperación real del poder adquisitivo del 2,3%, al tiempo que destacaron la continuidad del mecanismo de actualización automática de haberes mediante la cláusula gatillo.
En ese marco, los salarios correspondientes a julio, que estarán depositados este viernes, incorporarán un aumento del 2,61%, resultado de la aplicación de ese mecanismo de actualización.
Con esta liquidación, el salario mínimo para un agente con grupo familiar quedó fijado en $1.600.000, mientras que para un trabajador sin cargas de familia ascendió a $1.463.000. El incremento también alcanzará a los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social (ISS).
Además del aumento sobre las escalas salariales, el Gobierno provincial informó que se aplicó un 10% de incremento en las asignaciones familiares y se completó el proceso de incorporación al salario básico del suplemento remunerativo no bonificable conocido como «concepto 036» para los trabajadores comprendidos en la Ley N.º 643 y su proporcionalidad en los restantes estatutos.
En un comunicado, el Ejecutivo sostuvo que los salarios de los empleados públicos provinciales continúan ubicándose por encima de la línea de pobreza medida por el INDEC, tanto para trabajadores con grupo familiar como para quienes no tienen personas a cargo.
Asimismo, destacó el esfuerzo financiero realizado para sostener la política salarial en un contexto de dificultades económicas.
«El aumento acumulativo semestral llega al 19%, siendo la inflación para dicho período del 16,7%, reafirmando de esta manera la recuperación real del salario en el primer semestre del año», señaló el Gobierno provincial.
Finalmente, desde la administración pampeana remarcaron que la política salarial se sostiene pese al contexto económico nacional y a la reducción de recursos que, según indicaron, afecta a las provincias, al considerar que los trabajadores estatales son fundamentales para garantizar la prestación de servicios esenciales como salud, educación, seguridad y justicia.
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