El Gobierno nacional presentó un proyecto de ley que propone una profunda desregulación del mercado inmobiliario, con cambios en el régimen de corretaje para ampliar la competencia, flexibilizar el acceso a la actividad y reducir las restricciones vigentes.
La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, forma parte del paquete de reformas que prepara el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.
Menos requisitos para ejercer
Uno de los principales cambios establece que para desempeñarse como corredor inmobiliario solo será necesario ser mayor de edad y contar con el título secundario completo, dejando de lado exigencias relacionadas con matrículas profesionales y regulaciones establecidas por colegios y normativas provinciales.
El proyecto también habilita que la actividad pueda ser desarrollada tanto por personas físicas como jurídicas, además de permitir expresamente la prestación de servicios mediante plataformas digitales y entornos virtuales.
Nuevas facultades
La propuesta redefine el rol de los corredores inmobiliarios, que podrán:
- Realizar tasaciones.
- Solicitar informes registrales y catastrales.
- Otorgar garantías en operaciones.
- Representar a una de las partes durante la concreción de un negocio inmobiliario.
Más competencia
El texto establece que toda regulación futura sobre la actividad deberá respetar principios de libre competencia, igualdad de acceso y transparencia.
En ese marco, considera incompatibles con esos principios requisitos como:
- Exigir residencia en una determinada jurisdicción.
- Fijar aranceles mínimos.
- Establecer honorarios sugeridos o topes máximos para las comisiones.
Cambios legales
El proyecto también contempla la derogación de distintos artículos de la Ley 20.266 y del Código Civil y Comercial que regulan actualmente el ejercicio del corretaje inmobiliario.
De ser aprobado por el Congreso, el Gobierno considera que la iniciativa implicará una transformación estructural del mercado inmobiliario argentino, al flexibilizar el ingreso a la actividad y reducir la intervención regulatoria sobre el sector.
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