Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado
La iniciativa obtuvo una amplia mayoría en Diputados, con 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. Patricia Bullrich impulsa su tratamiento en la Cámara alta para establecer un sistema permanente de protección, financiamiento y actualización de prestaciones.
El proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad ingresó formalmente al Senado después de recibir media sanción en la Cámara de Diputados. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pretende avanzar con su tratamiento durante noviembre para convertirlo en ley antes de fin de año.
La iniciativa fue aprobada el miércoles por una amplia mayoría de 237 votos positivos, nueve negativos y cuatro abstenciones, en una votación que reunió al oficialismo, al peronismo y a buena parte de los bloques opositores.
El texto busca reemplazar el carácter transitorio de la Ley de Emergencia en Discapacidad por un régimen permanente que garantice prestaciones, mecanismos de actualización y financiamiento para el sector.
Un acuerdo que atravesó a los bloques políticos
La aprobación en Diputados fue resultado de negociaciones entre legisladores de distintas fuerzas, entre ellos Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Oscar Herrera Ahuad.
El proyecto también puso de manifiesto diferencias dentro del Gobierno nacional respecto del financiamiento del sistema de discapacidad.
Mientras algunos sectores del equipo económico expresaron objeciones por el impacto fiscal, legisladores oficialistas y aliados impulsaron la continuidad de los mecanismos de protección existentes.
La controversia se profundizó a partir de disposiciones incluidas inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2027, que contemplaban modificaciones al nomenclador de prestaciones, al sistema de actualización de aranceles y a la compatibilidad entre pensiones y empleo formal.
Tras las negociaciones parlamentarias, el oficialismo se comprometió a revisar esos puntos y se alcanzó un acuerdo para avanzar con una legislación específica.
Qué establece el proyecto
La nueva norma recupera buena parte de los derechos y mecanismos contemplados en la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero propone otorgarles carácter permanente.
Entre sus principales disposiciones se encuentran:
- Pensiones y empleo: mantiene la compatibilidad entre la pensión por discapacidad contemplada en el régimen y el trabajo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
- Actualización de prestaciones: conserva el nomenclador único y establece mecanismos periódicos de actualización de aranceles vinculados con la movilidad jubilatoria.
- Cobertura de salud: garantiza la protección médica básica a través del Programa Federal Incluir Salud para las personas beneficiarias de las pensiones alcanzadas.
- Financiamiento: dispone que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud destinada al sistema no sea inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior.
- Auditorías: incorpora controles periódicos mediante el intercambio de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, con garantías de debido proceso.
- Deudas con prestadores: establece la elaboración de un cronograma para cancelar compensaciones pendientes y fija un plazo máximo de 30 días para la reglamentación de ese mecanismo.
El objetivo es brindar mayor previsibilidad a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que prestan servicios de atención, rehabilitación y acompañamiento.
El debate por el financiamiento
Uno de los principales puntos de discusión fue el costo fiscal de sostener las prestaciones y sus actualizaciones.
La propuesta establece un piso presupuestario en términos reales, con la intención de evitar que los recursos destinados al sistema pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.
También mantiene el esquema de aranceles para prestadores, una herramienta que busca dar previsibilidad a centros terapéuticos, profesionales e instituciones que trabajan con personas con discapacidad.
En paralelo, incorpora auditorías para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso a los beneficios y controlar la utilización de los fondos públicos.
El Senado definirá los próximos pasos
Bullrich buscará que el proyecto avance durante noviembre, aunque todavía resta establecer el cronograma de reuniones de comisión, la elaboración del dictamen y la fecha de tratamiento en el recinto.
En la Cámara alta, uno de los legisladores que acompañaría la iniciativa es Luis Juez, quien ya había votado a favor de la emergencia en discapacidad y posteriormente respaldó el rechazo al veto presidencial.
La amplia mayoría obtenida en Diputados genera expectativas de un tratamiento favorable, aunque la aprobación definitiva dependerá de la votación de los senadores.
Si recibe sanción, la nueva legislación reemplazará el esquema de emergencia por un marco permanente para las políticas de discapacidad, con reglas de financiamiento, cobertura y actualización de prestaciones que no dependerán de prórrogas anuales.
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