Después de más de 15 horas de sesión, el oficialismo consiguió postergar el tratamiento de las iniciativas destinadas a abordar las deudas de las familias. La decisión se aprobó por 121 votos contra 117, en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición.
La Cámara de Diputados cerró una extensa sesión con una votación polémica que dejó sin definición el debate sobre el endeudamiento familiar. A las 3.30 de este jueves, el oficialismo logró aprobar una moción para devolver los proyectos a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, sin establecer una fecha para retomar su tratamiento.
La propuesta, presentada por la diputada Silvana Giúdici, de La Libertad Avanza, obtuvo 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones.
La decisión se produjo cuando el oficialismo no contaba con los apoyos necesarios para aprobar su dictamen, centrado en la transparencia crediticia y la educación financiera.
Una votación ajustada y fuertes cruces
La moción fue respaldada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, sectores de Argentina Federal y Producción y Trabajo.
En contra votaron Unión por la Patria, parte de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, entre otros bloques.
Las cinco abstenciones de diputados cordobeses de Provincias Unidas, vinculados políticamente al gobernador Martín Llaryora, resultaron relevantes para el desenlace.
Desde la oposición cuestionaron especialmente que el regreso a comisiones no tuviera un plazo definido, lo que podría demorar indefinidamente el tratamiento de las propuestas.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que se votaran los dictámenes para permitir una definición parlamentaria.
Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, exigió que se estableciera una fecha concreta para continuar el debate.
La discusión terminó entre gritos y acusaciones cruzadas, luego de una jornada que se extendió durante más de quince horas.
Dos propuestas diferentes para abordar las deudas
El dictamen de mayoría, impulsado por La Libertad Avanza junto con el PRO y la UCR, proponía una Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores.
Su objetivo era mejorar la información disponible para quienes solicitan préstamos, especialmente en créditos de corto plazo, que suelen presentar costos financieros elevados.
También contemplaba mecanismos de precancelación, seguimiento de obligaciones y acceso gratuito al perfil de riesgo crediticio.
Sin embargo, no establecía límites máximos a las tasas de interés ni planes especiales de refinanciación para personas con dificultades de pago.
El diputado oficialista Santiago Pauli defendió la iniciativa al señalar que buscaba establecer reglas comunes para las entidades que otorgan créditos y sus usuarios.
Qué proponía la oposición
El dictamen alternativo, impulsado por Unión por la Patria y acompañado por sectores de Provincias Unidas y la Coalición Cívica, planteaba declarar una emergencia por endeudamiento durante 180 días.
La propuesta contemplaba un régimen voluntario de refinanciación para personas con atrasos superiores a 60 días, por deudas de hasta dos canastas básicas totales correspondientes a un hogar tipo 2.
Según los valores mencionados durante el debate, ese límite equivalía a aproximadamente 3,26 millones de pesos.
El proyecto establecía condiciones específicas:
- Refinanciación en un mínimo de 12 cuotas.
- Cuotas que no superaran el 30% de los ingresos del deudor.
- Condonación del 100% de los intereses punitorios, sin eliminar la obligación de devolver el capital.
- Límites a los intereses compensatorios y al costo financiero total.
- Intervención del Banco Central cuando el acreedor rechazara tramitar la solicitud de regularización.
La iniciativa también incorporaba medidas contra las prácticas abusivas de cobranza y disposiciones sobre portabilidad y educación financiera.
El impacto del endeudamiento en las familias
Durante el debate, legisladores opositores advirtieron sobre el crecimiento de la morosidad y las dificultades de los hogares para afrontar sus compromisos financieros.
Martín Lousteau, de Provincias Unidas, vinculó el problema con la pérdida del poder adquisitivo, las elevadas tasas de interés y el aumento de los gastos fijos.
Por su parte, la diputada Kelly Olmos, de Unión por la Patria, sostuvo que más de seis millones de argentinos presentan atrasos superiores a 90 días en el pago de sus obligaciones.
Desde el PRO, Daiana Fernández Molero cuestionó el establecimiento de topes a las tasas y advirtió que una intervención de esas características podría restringir el acceso al crédito y encarecer el financiamiento para determinados sectores.
Sin fecha para retomar el debate
El regreso de los proyectos a comisión dejó sin resolución una discusión que había llegado al recinto luego de que la oposición impulsara su tratamiento en septiembre.
La Cámara no rechazó ni aprobó ninguna de las dos propuestas de fondo: ambas quedaron pendientes de una nueva instancia de análisis.
Por ahora, no habrá cambios legislativos en las condiciones de refinanciación de las deudas familiares ni en los mecanismos de transparencia crediticia discutidos durante la sesión.
La falta de una fecha para reanudar el tratamiento mantiene abierta la incertidumbre sobre el futuro de las iniciativas, en un contexto en el que el endeudamiento y la capacidad de pago de los hogares continúan ocupando un lugar central en el debate económico.
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