La iniciativa obtuvo 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. El proyecto establece un régimen permanente de protección, mantiene derechos vinculados con las pensiones y las prestaciones, e incorpora mecanismos de financiamiento y control. Ahora deberá ser tratado por el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó una nueva legislación destinada a fortalecer el sistema de protección social de las personas con discapacidad. La votación se concretó tras un acuerdo entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y distintos bloques dialoguistas, luego de una extensa jornada de negociaciones.
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, recibió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones.
La propuesta recupera buena parte de los beneficios establecidos en la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero busca convertirlos en disposiciones permanentes, sin necesidad de sucesivas prórrogas.
Qué establece la nueva legislación
Entre los principales puntos del proyecto se encuentra la compatibilidad entre el cobro de una pensión por discapacidad y el empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La prestación equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo para quienes cumplen los requisitos establecidos.
También se mantiene el nomenclador único de prestaciones, con actualizaciones periódicas vinculadas al índice de movilidad jubilatoria, y se garantiza la cobertura médica a través del Programa Federal Incluir Salud.
Durante las negociaciones se incorporaron modificaciones para extender esa cobertura a titulares de pensiones por invalidez laboral y asegurar la compatibilidad de las pensiones por discapacidad con las asignaciones familiares.
Financiamiento y deudas con prestadores
Uno de los aspectos centrales es la incorporación de una garantía presupuestaria: los recursos asignados al Ministerio de Salud para estas políticas no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
Además, el texto establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar, en un plazo máximo de 30 días, un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores.
La situación financiera de los servicios de atención, rehabilitación y acompañamiento fue uno de los principales reclamos de las organizaciones durante el debate.
Auditorías con derecho a defensa
La iniciativa también crea un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER.
Los controles deberán respetar el debido proceso y contemplar las condiciones particulares de las personas con discapacidad.
Entre los cambios incorporados se estableció un plazo de 160 días para que quienes presenten inconsistencias detectadas en una auditoría puedan realizar su descargo antes de que se suspenda el beneficio.
El acuerdo entre oficialismo y oposición
El entendimiento parlamentario se construyó sobre un dictamen impulsado por el oficialismo y acordado con Oscar Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal.
Unión por la Patria decidió acompañarlo después de mantener conversaciones con organizaciones vinculadas con la discapacidad y constatar que no reunía los votos necesarios para prorrogar la emergencia hasta diciembre de 2027.
El diputado Juan Marino explicó que su bloque optó por negociar mejoras para evitar retrocesos en los derechos reconocidos.
Desde el oficialismo, Gerardo Huesen defendió la necesidad de establecer un sistema permanente, con reglas claras y previsibilidad para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores.
Cuestionamientos y reclamos pendientes
Pese al amplio respaldo, algunos legisladores rechazaron el acuerdo.
Romina del Plá, del Frente de Izquierda, cuestionó la negociación entre los principales bloques, mientras que Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, reclamó mantener la emergencia y garantizar una mayor participación de las organizaciones en el debate.
Otros diputados que acompañaron la iniciativa advirtieron que la aprobación de una nueva norma no resolverá por sí sola los problemas del sector.
Victoria Tolosa Paz sostuvo que será fundamental asegurar los recursos presupuestarios y el cumplimiento efectivo de las disposiciones.
Durante la discusión también se plantearon cuestionamientos por las solicitudes de pensiones pendientes de resolución, las dificultades económicas de los prestadores y la necesidad de actualizar los valores de las prestaciones.
El próximo paso será el Senado
Con la media sanción de Diputados, el proyecto deberá pasar a la Cámara alta para continuar su tratamiento legislativo.
El desafío será transformar el acuerdo parlamentario en medidas concretas que permitan garantizar la continuidad de las prestaciones, regularizar los pagos pendientes y brindar mayor previsibilidad a las personas con discapacidad y sus familias.
La nueva legislación todavía no está vigente: necesita la aprobación del Senado y completar el proceso legislativo correspondiente.
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