Denuncian penalmente a Milei y Caputo por la valuación de Intercargo en el proceso de privatización

La política de privatizaciones del Gobierno nacional sumó este jueves un nuevo capítulo judicial. La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en la valuación de la empresa estatal Intercargo.

La presentación quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 y apunta contra el proceso que fijó el precio base para la privatización de la compañía, una de las empresas estratégicas del sistema aerocomercial argentino. Según el sindicato, podrían haberse cometido delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.

El eje de la polémica: una valuación de 45 millones de dólares

El conflicto se disparó tras la publicación de la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, que estableció un precio base cercano a los 45 millones de dólares para avanzar con la privatización total de Intercargo. Desde APA consideran que el monto resulta “inexplicable” frente a los balances positivos y los activos de la empresa estatal.

La tasación fue realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior mediante el método de flujo de fondos descontados, una técnica habitual en procesos de valuación empresarial. Sin embargo, el gremio cuestionó que el Gobierno haya delegado esa tarea en el BICE y no en otros organismos especializados en tasaciones públicas.

Intercargo presta servicios de asistencia en tierra, carga, descarga de equipajes y operación de rampas en más de una decena de aeropuertos del país. Además, históricamente ocupó un lugar central dentro del sistema aeroportuario argentino.

Privatización, Ley Bases y conflicto sindical

La denuncia se da en medio de la avanzada privatizadora impulsada por el Gobierno nacional a partir de la denominada Ley Bases, que habilitó la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo mediante licitación pública nacional e internacional.

Desde el sindicato aeronáutico advirtieron que la fijación del valor de la empresa podría generar un perjuicio económico para el Estado y denunciaron un supuesto intento de “vaciamiento del patrimonio público”. También expresaron preocupación por el futuro laboral de cerca de 1.500 trabajadores vinculados a la firma.

En paralelo, el Gobierno sostiene que el proceso se ajusta a estándares internacionales y forma parte de una estrategia para desregular y abrir el mercado aerocomercial a nuevos operadores privados.

Un nuevo frente judicial para el Gobierno

La causa abre un nuevo foco de tensión entre la administración libertaria y los gremios del sector aeronáutico, que ya venían enfrentados por las reformas impulsadas en el sistema aerocomercial.

Ahora será la Justicia Federal la encargada de determinar si existieron irregularidades en la valuación de Intercargo o si el proceso de privatización continuará bajo los términos actuales definidos por el Ejecutivo nacional.