El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano amplió la presentación judicial contra Marcos Galperín y directivos de Mercado Libre por presunta “usura”. Cuestionó costos financieros que, según la denuncia, pueden superar el 1.300% anual.
El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano amplió la denuncia presentada contra el titular de Mercado Libre, Marcos Galperín, y miembros del directorio de la compañía por presunta “usura” en los créditos otorgados a través de Mercado Pago y Mercado Crédito.
La presentación original fue realizada el 11 de agosto ante el Juzgado Criminal y Correccional N°53, a cargo del juez Francisco Carlos Ponte. Ahora, Solano solicitó además que la Justicia disponga la suspensión provisoria del cobro de los préstamos cuestionados mientras avanza la investigación.
Según argumentó en su presentación, permitir que continúen los cobros podría facilitar “la prosecución de la comisión del delito” que denuncia.
El cuestionamiento a las tasas
Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con el costo de los créditos ofrecidos a los usuarios de las plataformas.
Solano sostuvo que Mercado Pago establece para algunos préstamos un Costo Efectivo Total (CET) que puede alcanzar el 1.375,94% anual, porcentaje que calificó como desproporcionado.
La denuncia alcanza también a quienes, en su carácter de integrantes de los órganos de administración de la empresa, hayan decidido, autorizado o consentido la política de tasas cuestionada.
Otro de los argumentos presentados ante la Justicia apunta a la diferencia existente entre la rentabilidad que la plataforma ofrece a quienes mantienen dinero depositado y el interés aplicado cuando presta esos fondos.
Según Solano, Mercado Pago cobraría por sus créditos entre 2,3 y 8 veces la tasa que paga por el dinero depositado por sus usuarios.
La comparación con Brasil
La presentación también incorpora una comparación con las condiciones crediticias que el mismo grupo ofrece en Brasil.
De acuerdo con la denuncia, el costo aplicado en Argentina podría llegar a ser 21 veces superior al ofrecido por la compañía en el mercado brasileño.
Para Solano, esa diferencia permitiría sostener que las tasas aplicadas en el país no responden exclusivamente al costo del producto financiero, sino que estarían relacionadas con las condiciones regulatorias existentes en Argentina.
La acusación se encuentra ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si corresponde avanzar con la investigación y resolver el pedido para suspender provisoriamente los cobros.
Por el momento, se trata de una denuncia y las acusaciones formuladas por Solano no implican que se haya determinado judicialmente la existencia del delito de usura ni la responsabilidad de los directivos señalados.
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