El deterioro de la actividad económica y las dificultades para sostener la cadena de pagos comienzan a reflejarse con fuerza en los tribunales comerciales. Según un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), los procesos judiciales por concursos preventivos y quiebras muestran un fuerte crecimiento, en un contexto marcado por el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con el relevamiento, entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026 dejaron de operar 24.437 pymes en todo el país, lo que provocó que 327.813 trabajadores quedaran fuera del sistema de riesgos del trabajo.
El estudio, elaborado por el abogado del Departamento Legal del IPA, Germán Alberto Pizzano, advierte sobre una creciente judicialización de la crisis empresaria y el avance de situaciones de cesación de pagos en distintos sectores productivos.
“La crisis pyme ya llegó a la Justicia. Lo que antes se veía en las fábricas, los comercios o en la cadena de pagos, hoy también se observa en los tribunales comerciales”, señaló Pizzano.
Los datos muestran una marcada aceleración de los concursos preventivos. Mientras que en 2023 se registraron 82 procesos, durante 2025 la cifra ascendió a 190, lo que representa un incremento del 131,7 por ciento. La tendencia se mantiene durante este año: solamente en el primer trimestre judicial de 2026 se iniciaron 92 nuevos concursos.
Para el especialista, este fenómeno refleja que cada vez más empresas atraviesan situaciones de “impotencia patrimonial”, es decir, dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras y sostener su funcionamiento.
El informe remarca además que el cierre de una empresa genera consecuencias que exceden el plano económico inmediato. La desaparición de unidades productivas implica la pérdida de empleos, proveedores, maquinaria, inversiones acumuladas y conocimientos técnicos construidos durante años.
“La pérdida de una empresa no termina en un expediente. Cada cierre arrastra empleo directo e indirecto y rompe cadenas de valor”, afirmó Pizzano.
Frente a este escenario, el IPA reclamó la sanción de una legislación de emergencia económica y productiva que contemple herramientas transitorias para evitar más cierres. Entre las medidas propuestas figuran la suspensión de ejecuciones judiciales, la ampliación de plazos concursales y mecanismos que faciliten acuerdos preventivos para empresas en crisis.
Desde la entidad aclararon que no buscan modificar de manera permanente el sistema legal vigente, sino generar instrumentos excepcionales para atravesar la coyuntura actual.
“Se trata de una respuesta urgente y transitoria para que las empresas tengan tiempo de recuperarse y evitar que la crisis termine en quiebra”, sostuvo Pizzano.
El informe concluye que cualquier estrategia de recuperación deberá estar acompañada por una reactivación del mercado interno y una mayor disponibilidad de crédito productivo. En ese sentido, el Observatorio consideró que el Congreso Nacional tiene un rol central para preservar el empleo y el entramado productivo argentino.
“De la respuesta legislativa depende la supervivencia de miles de compañías argentinas”, concluyó el especialista.
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