La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó su informe anual y aseguró que la actual gestión nacional encabeza los niveles de represión desde el retorno de la democracia. Según el relevamiento, cerca del 10% de las muertes provocadas por el aparato represivo estatal desde 1983 ocurrieron desde diciembre de 2023.
La presentación se realizó en la sede del SIPREBA y estuvo encabezada por María del Carmen Verdú, referente del organismo, quien sostuvo que “los datos actualizados del Archivo 2025 demuestran que este gobierno es el que más ha reprimido y matado en 42 años de democracia”.
De acuerdo al informe, la base de datos de CORREPI registra 10.181 personas asesinadas por fuerzas estatales entre el 10 de diciembre de 1983 y el 20 de enero de 2026. De ese total, 1.056 casos corresponden al período iniciado con la asunción de Javier Milei.
Verdú remarcó que “en apenas dos años, más del 10% del total de muertes ocurrió durante esta gestión, superando ampliamente a los gobiernos anteriores”.
Denuncias por represión y detenciones
El informe también advierte sobre el aumento de la violencia institucional en el marco de protestas sociales. Según detalló la referente, durante 2025 se registraron cerca de 1.400 personas heridas en operativos de seguridad en movilizaciones, producto de golpes, uso de sustancias químicas y disparos.
A esto se suman más de 200 detenciones consideradas arbitrarias en manifestaciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los casos mencionados aparece el del militante Milton Tolomeo, quien —según denunciaron— permanece detenido en condiciones de aislamiento extremo en el penal de Ezeiza, con severas restricciones de contacto y comunicación.
Cambios normativos y política de seguridad
Desde CORREPI sostienen que el Gobierno avanzó en una reconfiguración del sistema de seguridad y del marco normativo. En ese sentido, cuestionan medidas como el protocolo “antipiquetes”, la creación de comandos unificados, el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicada a la seguridad y nuevas leyes vinculadas a reincidencia, reiterancia y baja de edad de punibilidad.
El informe señala que estas políticas implican, de hecho, un retorno a criterios asociados a la Doctrina de Seguridad Nacional.
Evolución histórica de los casos
El documento también compara los datos por gestión desde 1983. Según CORREPI, el gobierno de Raúl Alfonsín registró 139 casos; Carlos Menem, 712; Fernando de la Rúa, 486; el período de transición de 2001-2003, 269; Néstor Kirchner, 995; Cristina Fernández de Kirchner, 2.668; Mauricio Macri, 1.927; Alberto Fernández, 1.929; y Javier Milei, 1.056 en apenas 25 meses.
No obstante, el informe aclara que los datos previos a 1996 son incompletos, al igual que los correspondientes a 2025, que aún están en proceso de actualización por parte de organismos oficiales.
El rol de las fuerzas de seguridad
En relación a las responsabilidades, el 60,15% de las muertes (622 casos) fue atribuido a servicios penitenciarios provinciales y federales. Las policías provinciales concentran el 31,24% (323 muertes), seguidas por la Policía de la Ciudad (4,74%) y la Policía Federal (2,80%).
Con menor incidencia aparecen Gendarmería, Prefectura y otras fuerzas. En el período analizado no se registraron casos vinculados a la Policía de Seguridad Aeroportuaria ni a vigiladores privados por fuera de estructuras estatales.
Muertes bajo custodia y sobrepoblación
El informe subraya que la mayoría de las muertes ocurrieron bajo custodia estatal, en cárceles, comisarías u otros espacios de encierro. Este fenómeno se vincula con el crecimiento sostenido de la población penitenciaria.
Según datos citados del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, la población carcelaria creció a un ritmo promedio cercano al 6% anual en las últimas décadas. En 2024, el aumento fue del 7,1%.
Mientras en 2001 había unas 34.000 personas privadas de libertad, hacia fines de 2024 la cifra ascendió a 121.443, con una tasa de encarcelamiento de 258 personas cada 100 mil habitantes, considerada un récord histórico.
En este contexto, las muertes bajo custodia también muestran cifras elevadas: 1.166 durante el gobierno de Macri, 1.336 en la gestión de Alberto Fernández y 715 en los dos primeros años de Milei.
Jóvenes, los más afectados
Otro dato relevante es el perfil de las víctimas. El informe indica que la franja etaria más afectada es la de jóvenes entre 15 y 25 años, que representa el 40% de las muertes bajo custodia durante la actual gestión.
Le sigue el grupo de 26 a 35 años, con el 28%, lo que evidencia el fuerte impacto del sistema penal sobre los sectores más jóvenes.
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