Los consejeros de la Magistratura que representan al kirchnerismo —Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti— presentaron hoy un informe sobre las condiciones de detención domiciliaria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de otras personas condenadas por delitos federales.
La actividad se realizó en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA, donde los expositores sostuvieron que la ex mandataria cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las aplicadas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico.
“Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico”, concluyeron los autores del informe.
Según señalaron, las medidas dispuestas en su caso no responderían a criterios jurídicos objetivos, sino a una decisión política destinada a limitar su actividad pública, condicionar a la dirigencia política y obstaculizar la reorganización del denominado “campo nacional y popular”.
El informe indica que más de la mitad de las personas detenidas por delitos de lesa humanidad en el país no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones en sus domicilios.
Durante la presentación, el diputado nacional Rodolfo Tailhade sostuvo que la situación judicial de la ex presidenta forma parte de una persecución política.
“Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país. Incluso las encuestas que publican los medios más hostiles la muestran con la mejor imagen”, afirmó.
Por su parte, la consejera Vanesa Siley presentó datos que, a su entender, evidencian el carácter “arbitrario y discriminatorio” de las condiciones impuestas a la ex mandataria.
Siley señaló que en la Ciudad de Buenos Aires existen seis personas detenidas por asociación ilícita y ninguna de ellas posee restricciones en materia de visitas. Además, aseguró que Cristina Kirchner es la única persona privada de la libertad por delitos vinculados al ejercicio de la función pública que enfrenta limitaciones para recibir visitas.
“Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única persona detenida sometida a restricciones excepcionales. Es la única que enfrenta limitaciones en las visitas, controles para desplazarse dentro de su propio domicilio y el uso de tobillera electrónica”, expresó.
La consejera también vinculó el caso con una supuesta tradición de persecución hacia dirigentes populares.
“A los dirigentes que representan los intereses de las mayorías no se les gana por la vía democrática. Los formalismos institucionales permanecen, pero las garantías fundamentales son vulneradas. A Cristina la juzgaron dos veces por los mismos hechos, no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales”, sostuvo.
A su turno, el senador Mariano Recalde afirmó que “Cristina es una presa política” y consideró que existe una persecución con dos objetivos: “disciplinar a la dirigencia política para que no se anime a transformar la realidad e impedir la reorganización del pueblo”.
“El informe demuestra que esta decisión no tiene fundamentos jurídicos ni responde a criterios de justicia; es una decisión política destinada a impedir que Cristina reorganice al peronismo y continúe haciendo política”, agregó.
Finalmente, la senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial y apuntó contra la actual integración de la Corte Suprema de Justicia.
“La pregunta que tenemos que hacernos quienes abrazamos el derecho es si el derecho es una herramienta de liberación o un garrote corporativo”, planteó.
Además, sostuvo que es necesario construir un diagnóstico sobre la situación institucional del país y concluyó: “La administración de justicia en la Argentina no existe más. Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina”.
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