El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un amplio proyecto de ley que propone cambios en el mercado de capitales, los plazos fijos, las tarjetas de crédito y los instrumentos de financiamiento. También habilita la utilización de tecnología blockchain y modifica el tratamiento impositivo de los CEDEAR. Desde la oposición advierten sobre posibles aumentos de la carga tributaria para los ahorristas.
El Gobierno de Javier Milei presentó ante la Cámara de Diputados una nueva iniciativa legislativa de gran alcance, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca transformar buena parte del funcionamiento del sistema financiero argentino.
El proyecto, denominado Ley de Competitividad Financiera, ya tomó estado parlamentario y fue girado a las comisiones de Legislación General, Pequeñas y Medianas Empresas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda.
La propuesta contiene más de 225 artículos y contempla modificaciones en numerosas normas, entre ellas el Código Civil y Comercial, la Ley de Mercado de Capitales, la Ley del Cheque, el régimen de tarjetas de crédito, los instrumentos de financiamiento productivo y el impuesto a las Ganancias.
Según los fundamentos oficiales, el objetivo es eliminar restricciones regulatorias, facilitar el acceso al crédito, promover la competencia y modernizar herramientas financieras que, en algunos casos, funcionan bajo normas establecidas hace varias décadas.
Sin embargo, la amplitud de la reforma y sus consecuencias tributarias ya provocaron cuestionamientos desde sectores de la oposición.
Blockchain y activos digitales: una de las principales novedades
Una de las transformaciones más importantes es el reconocimiento legal de la denominada tokenización de activos financieros.
El proyecto establece que los valores negociables podrán emitirse, registrarse y comercializarse mediante tecnología blockchain, un sistema de registro digital descentralizado que permite verificar operaciones y transferencias.
La modificación busca otorgar validez jurídica a instrumentos financieros digitales y eliminar exigencias vinculadas con los soportes tradicionales.
También se incorpora el principio de neutralidad tecnológica, que permitiría utilizar nuevas herramientas digitales sin necesidad de modificar permanentemente la legislación.
De aprobarse, la iniciativa podría ampliar las posibilidades de financiamiento para empresas y emprendimientos tecnológicos, aunque su implementación dependerá de las regulaciones correspondientes.
Pagarés ajustados por inflación o dólar
Otra de las reformas relevantes apunta a los pagarés, instrumentos utilizados habitualmente para documentar compromisos de pago.
Actualmente, la normativa exige que estos documentos expresen una suma determinada, lo que limita su utilización en operaciones de largo plazo.
La propuesta habilita que los pagarés puedan establecer montos ajustables mediante índices objetivos y verificables, como la inflación o la cotización del dólar.
Además, incorpora la figura del pagaré en especie, que permitiría cancelar obligaciones mediante la entrega de productos físicos, como granos o minerales.
Esta última herramienta podría tener especial importancia para las economías regionales y el sector agropecuario, donde las operaciones comerciales suelen vincularse con la producción futura.
Las empresas podrán utilizar nuevos activos como garantía
El proyecto también modifica el régimen de Prenda con Registro, establecido originalmente en 1946.
La legislación vigente fue concebida principalmente para bienes físicos, como maquinaria agrícola, vehículos o ganado.
Con la reforma, las empresas podrían utilizar como garantía una variedad mucho más amplia de activos, incluidos programas informáticos, derechos de propiedad intelectual, participaciones societarias, activos digitales e ingresos futuros.
También se contempla la creación de una prenda flotante sin límite temporal, que permitiría garantizar operaciones mediante inventarios comerciales que se renuevan constantemente.
La medida podría beneficiar a supermercados, comercios, industrias y empresas tecnológicas que necesitan acceder a financiamiento sin disponer necesariamente de bienes inmuebles.
Tarjetas de crédito: buscan acelerar los pagos a los comercios
Uno de los cambios con mayor impacto potencial sobre la actividad comercial está relacionado con los pagos mediante tarjetas de crédito.
El proyecto propone que los cupones generados por estas operaciones puedan convertirse en títulos ejecutivos negociables.
En términos prácticos, esto permitiría que un comercio adelante el cobro de sus ventas mediante la negociación de esos instrumentos en el mercado financiero.
Actualmente, los establecimientos pueden enfrentar plazos de entre 8 y 18 días para recibir el dinero correspondiente a determinadas operaciones con tarjeta.
La intención oficial es reducir el costo financiero de esa espera y facilitar el acceso inmediato a liquidez, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
No obstante, el beneficio concreto dependerá de las tasas de descuento y de las condiciones que ofrezca el mercado.
Plazos fijos: una alternativa para recuperar el dinero sin cancelar la inversión
La iniciativa también contempla modificaciones para los depósitos a plazo fijo superiores a 365 días.
Estos instrumentos podrían endosarse y negociarse en mercados secundarios bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
De esta manera, un ahorrista que necesite recuperar su dinero antes del vencimiento podría vender su certificado a otro inversor, en lugar de solicitar una cancelación anticipada.
La propuesta busca favorecer depósitos de mayor duración y ampliar las alternativas de inversión.
Sin embargo, la venta anticipada estaría sujeta a las condiciones del mercado, por lo que no necesariamente garantizaría recuperar la totalidad del capital y los intereses previstos.
Una profunda reforma del mercado de capitales
El proyecto propone modificar 109 artículos de la Ley de Mercado de Capitales.
Entre los cambios se encuentra la incorporación de herramientas tecnológicas para facilitar las operaciones financieras, la simplificación de trámites y la ampliación de instrumentos disponibles para inversores y empresas.
También se plantea una reorganización institucional de la Comisión Nacional de Valores.
Según el texto presentado, la CNV dejaría de funcionar como ente autárquico descentralizado y pasaría a constituirse como organismo desconcentrado dentro del Ministerio de Economía, conservando autonomía funcional y financiera.
La modificación representa un cambio relevante en su estructura institucional y en su vinculación con el Poder Ejecutivo.
Asimismo, se crea la figura del Agente de Custodia, Registro y Pago, destinada a intervenir en determinadas funciones del mercado financiero.
Más herramientas de financiamiento para las PyMEs
El Gobierno también propone reformular el sistema de financiamiento productivo establecido en 2018.
De acuerdo con el diagnóstico incluido en la iniciativa, los mecanismos actuales no lograron alcanzar una participación significativa en el financiamiento empresarial.
La reforma apunta a ampliar los instrumentos negociables y permitir operaciones mediante plataformas informáticas que conecten directamente a quienes necesitan financiamiento con potenciales inversores.
Además de las facturas de crédito electrónicas, podrían negociarse cheques, pagarés, warrants, letras de cambio y otros títulos digitales.
El objetivo es reducir intermediaciones y ampliar las fuentes de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas.
Para economías provinciales como la pampeana, donde las PyMEs y las actividades agroindustriales tienen un papel importante, estas herramientas podrían representar nuevas alternativas de acceso al crédito.
CEDEAR e impuesto a las Ganancias: uno de los puntos más polémicos
Entre las modificaciones tributarias aparece una disposición que podría afectar a quienes invierten en Certificados de Depósito Argentinos, conocidos como CEDEAR.
Estos instrumentos permiten invertir desde el mercado local en activos vinculados con empresas extranjeras.
La iniciativa propone modificar su tratamiento en el impuesto a las Ganancias para equipararlo con el que correspondería a una inversión directa en acciones del exterior.
El Gobierno argumenta que busca evitar diferencias impositivas que favorezcan determinadas inversiones externas.
Sin embargo, la medida podría modificar la carga tributaria de algunos inversores, dependiendo de su situación fiscal y de las operaciones alcanzadas.
Se trata de uno de los aspectos que promete generar mayor debate durante el tratamiento legislativo.
Cambios para los fondos inmobiliarios y la construcción
El proyecto también contempla modificaciones en los Fondos Comunes de Inversión Inmobiliarios.
La propuesta amplía el alcance de los beneficios existentes y elimina restricciones vinculadas exclusivamente con proyectos de vivienda social.
De esta manera, podrían incorporarse otros desarrollos habitacionales y créditos hipotecarios.
También se establece la posibilidad de diferir el pago del impuesto a las Ganancias cuando se aporten terrenos a determinados fideicomisos, hasta el momento de liquidación de las cuotapartes recibidas.
La intención es facilitar inversiones en el sector inmobiliario y promover nuevas modalidades de financiamiento para la construcción.
La oposición denuncia posibles aumentos impositivos
La presentación del proyecto generó cuestionamientos desde Unión por la Patria, cuyos legisladores anticiparon su rechazo general a la iniciativa.
El presidente del bloque en Diputados, Germán Martínez, advirtió sobre la posibilidad de que el extenso articulado incluya modificaciones tributarias que no resulten evidentes en una primera lectura.
«Otra ley ómnibus de 240 artículos. Seguramente con varios caballos de Troya. Pero en el primer análisis anticipo que detrás del pomposo título de reforma del mercado de capitales esconden un impuesto a la renta financiera», expresó el legislador en sus redes sociales.
La crítica apunta especialmente a los cambios relacionados con el tratamiento impositivo de determinadas inversiones.
Desde el oficialismo, en cambio, la reforma es presentada como una herramienta para modernizar el mercado financiero, reducir regulaciones y ampliar las posibilidades de financiamiento.
Un debate que recién comienza
La Ley de Competitividad Financiera inicia ahora su recorrido parlamentario, donde deberá ser analizada por las comisiones correspondientes antes de una eventual discusión en el recinto.
Por su extensión y la diversidad de normas que pretende modificar, el proyecto podría convertirse en uno de los debates económicos más importantes de los próximos meses.
Sus disposiciones abarcan desde instrumentos utilizados por grandes inversores hasta mecanismos cotidianos de financiamiento para comercios, productores agropecuarios y pequeñas empresas.
La discusión de fondo estará centrada en determinar si la desregulación propuesta permitirá ampliar efectivamente el crédito y las inversiones o si algunos cambios, especialmente los tributarios y regulatorios, terminarán generando nuevos costos y riesgos para los actores del sistema financiero.
Por el momento, todas las modificaciones forman parte de una iniciativa legislativa y no se encuentran vigentes.
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