La Cámara de Diputados transita una semana clave para el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil. El proyecto será dictaminado este miércoles en un plenario de comisiones y el oficialismo apunta a llevarlo al recinto el jueves próximo.
La iniciativa, que ya había obtenido dictamen en mayo de 2025, mantiene una estructura similar a aquella versión, aunque incorpora un cambio relevante: la asignación de partidas presupuestarias para garantizar su implementación. En este nuevo texto se prevé un financiamiento superior a los 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Si bien el tema genera fuertes tensiones políticas, el consenso mayoritario en Diputados se encamina a fijar ese límite etario, según trascendió desde la comisión de Legislación Penal.
Además de la edad mínima punible, el régimen contempla un sistema diferenciado de sanciones para menores, con un tope máximo de 15 años de prisión y la exclusión de la reclusión perpetua. Para delitos de menor gravedad, se priorizan medidas alternativas a la prisión, como programas socioeducativos, libertad asistida y trabajos comunitarios.
El dictamen será firmado en un plenario integrado por las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Adolescencias; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, dejando la iniciativa en condiciones de ser tratada en el recinto.
Desde sectores de la oposición advierten que el Gobierno busca avanzar con el proyecto de manera acelerada. No obstante, recuerdan que la ley fue ampliamente debatida durante 2025, con audiencias públicas y la participación de especialistas de distintas disciplinas, proceso que derivó en un dictamen con amplio respaldo.
El tema volvió a la agenda legislativa en el marco de las sesiones extraordinarias, tras un caso de inseguridad que conmocionó a la opinión pública en Santa Fe y reactivó el debate sobre la responsabilidad penal juvenil.
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma apunta a terminar con la impunidad de menores involucrados en delitos graves y a cerrar lo que denominan la “puerta giratoria” del sistema penal, bajo la premisa de endurecer las consecuencias frente al delito.
En contraposición, los sectores más críticos de la iniciativa cuestionan la baja de la edad de imputabilidad y advierten que no existen evidencias concluyentes de que un endurecimiento penal reduzca los índices de criminalidad juvenil, al tiempo que reclaman políticas integrales de inclusión social y prevención.
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