La situación de la Dirección Nacional de Vialidad encendió alarmas en todas las provincias. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció que el Gobierno nacional avanza en un cierre “encubierto” del organismo, a través de cambios administrativos que implican, en los hechos, el retiro del Estado de la construcción y el mantenimiento de las rutas nacionales.
Mediante un comunicado, el gremio declaró el “estado de alerta máxima” y advirtió sobre un “proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento del Estado”, que tiene como caso testigo a Vialidad Nacional, tras la implementación de un nuevo organigrama impulsado bajo los lineamientos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“El Estado deja de cumplir una función esencial”
Según el sindicato, la denominada “reorientación institucional” de Vialidad implica abandonar la ejecución directa de obras y tareas operativas para reconvertir al organismo en una estructura reducida, limitada a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones privadas.
“En la práctica, el Estado deja de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, y se limita a observar cómo lo hacen terceros —si es que lo hacen—”, alertaron desde el STVyARA, al remarcar que esta decisión impacta de manera directa sobre millones de usuarios de la red vial y profundiza los riesgos en materia de seguridad vial.
La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, sostuvo que el caso de Vialidad “demuestra la violación taxativa, impune y total del Gobierno de Javier Milei a los poderes del Estado y a la Constitución Nacional”.
“Aunque la Justicia y el Congreso señalaron que no se podía avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, el Ejecutivo continúa con acciones administrativas que persiguen el mismo objetivo”, afirmó Aleñá, quien calificó el proceso como “un ataque directo a la democracia y al rol del Estado”.
Intimaciones y advertencias legales
Ante este escenario, el sindicato intimó formalmente, mediante carta documento, a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que se abstengan de impulsar o ejecutar cualquier medida que tienda a la disolución, vaciamiento o desnaturalización de la Dirección Nacional de Vialidad.
En la presentación, el gremio remarcó que se trata de un organismo “histórico y estratégico del Estado nacional” y advirtió que las decisiones en curso resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público y al mandato constitucional de garantizar la integración territorial y el desarrollo federal.
“El desmantelamiento de Vialidad genera graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país”, señalaron.
Finalmente, el STVyARA dejó constancia de que hará personalmente responsables a los funcionarios intimados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de estas decisiones, y no descartó avanzar con acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas en todo el territorio nacional.
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