La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa una semana clave. El juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita aguardan que el funcionario entregue finalmente su declaración jurada patrimonial completa, mientras profundizan el análisis sobre movimientos bancarios, bienes y operaciones vinculadas a criptomonedas.
La causa tomó nuevo impulso luego de las declaraciones testimoniales de Matías Tabar y José Rodríguez, quienes confirmaron operaciones en dólares y pagos en efectivo relacionados con refacciones y alquileres utilizados por el funcionario desde fines de 2023. Ambos testimonios alimentaron las sospechas judiciales sobre posibles inconsistencias entre los movimientos económicos detectados y los ingresos oficialmente declarados por Adorni.
Según trascendió en tribunales, la Justicia concentra ahora buena parte de la investigación en reconstruir el circuito patrimonial y financiero del jefe de Gabinete antes de definir una eventual citación formal, que podría derivar en una declaración indagatoria o informativa.
Uno de los puntos que más inquieta a los investigadores es la demora en la presentación de documentación respaldatoria. Adorni ya fue intimado formalmente para entregar la totalidad de su declaración jurada y otros documentos contables y patrimoniales, luego de sucesivas postergaciones que, advierten en el expediente, podrían complicar su situación procesal.
Entre los elementos que sostienen el avance de la causa figuran además las declaraciones de la escribana Adriana Nechevenko —quien intervino en la compra de un departamento en Caballito— y del contratista Matías Tabar, que reconoció haber cobrado 245 mil dólares en efectivo sin facturación por trabajos realizados. A eso se suma el testimonio de José Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, quien aseguró haber recibido otros 21 mil dólares en efectivo por alquileres temporarios.
En paralelo, la causa también comenzó a incorporar información vinculada a movimientos de criptoactivos y billeteras virtuales, una línea de investigación que podría sumar nuevos elementos sobre transferencias y fondos no declarados.
Mientras tanto, en la Casa Rosada crece el malestar por el impacto político del expediente judicial, aunque el presidente Javier Milei mantiene públicamente su respaldo al jefe de Gabinete y descarta, por ahora, pedirle la renuncia.
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