Se crea un registro obligatorio y se imponen restricciones para controlar un consumo que crece fuerte entre adolescentes.
El Gobierno nacional dio un giro en su política sobre cigarrillos electrónicos: dejó atrás el esquema de prohibición y habilitó la comercialización de vapeadores bajo un nuevo sistema de control.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Salud de la Nación a través de la Resolución 549/2026, que establece un marco regulatorio para los productos de tabaco y nicotina de nueva generación.
De la prohibición al control
Desde el Ejecutivo justificaron el cambio con un argumento central: la prohibición no logró frenar el consumo ni el acceso a estos dispositivos.
Los datos que manejan son contundentes: los vapeadores ya alcanzan una prevalencia del 35,5% entre adolescentes, lo que los ubica entre las sustancias más consumidas en ese grupo etario.
Frente a ese escenario, el nuevo esquema apunta a regular el mercado en línea con modelos aplicados en países como Estados Unidos y Reino Unido.
Qué cambia con la nueva normativa
La resolución establece que vapeadores, cigarrillos electrónicos, dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina pasan a ser considerados productos derivados del tabaco, por lo que deberán cumplir con la Ley 26.687.
Entre los principales puntos:
- Advertencias sanitarias obligatorias en los envases
- Prohibición de diseños atractivos para menores
- Restricciones a la publicidad y mensajes engañosos
- Limitación de sabores: solo tabaco y mentol
- Prohibición de vapeadores descartables
Además, se crea el Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina (RNPTN), donde deberán inscribirse todos los productos para poder ser importados o comercializados.
Más controles y exigencias
Las empresas deberán presentar información técnica detallada: composición, datos toxicológicos y análisis de emisiones realizados por laboratorios certificados.
También tendrán que informar volúmenes de venta y perfil de consumidores, con el objetivo de fortalecer el monitoreo sanitario y detectar el acceso de menores.
Cada registro tendrá una vigencia de cinco años y podrá ser revisado por el Estado en función de la evolución del consumo y la evidencia científica.
El foco: jóvenes y mercado ilegal
El Gobierno sostuvo que el nuevo esquema busca reducir riesgos, frenar el acceso de menores y combatir la venta ilegal de productos sin control sanitario.
El desafío ahora será equilibrar la apertura del mercado con un sistema de fiscalización efectivo, en un contexto donde el consumo sigue creciendo, especialmente entre jóvenes.
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