El Ministerio de Capital Humano recurrió la sentencia que ordenaba cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo argumenta que su implementación compromete el equilibrio fiscal, mientras docentes, no docentes y autoridades universitarias continúan reclamando los recursos previstos por el Congreso.
El Gobierno nacional apeló la decisión judicial que había declarado parcialmente inconstitucional el decreto utilizado para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Con esta presentación, el Ejecutivo busca revertir la sentencia que lo obligaba a avanzar con el cumplimiento de la normativa.
El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, contra el fallo del juez federal Martín Cormick, quien había dejado sin efecto las disposiciones del Decreto 759/2025 que impedían ejecutar la ley.
La decisión abre una nueva instancia judicial en un conflicto que mantiene enfrentados al Gobierno y al sistema universitario público por la asignación de recursos presupuestarios y la actualización de los salarios docentes y no docentes.
El Gobierno vuelve a plantear el argumento fiscal
En su apelación, el Ministerio de Capital Humano sostiene que la sentencia genera un perjuicio institucional y presupuestario de gravedad.
Según el escrito oficial, la resolución judicial ordena ejecutar la ley sin contemplar adecuadamente las disposiciones que regulan la administración financiera del Estado.
El Gobierno argumenta que la normativa no identifica una fuente de financiamiento específica y suficiente para afrontar las obligaciones que establece.
En ese sentido, advierte que su implementación comprometería el equilibrio de las cuentas públicas, uno de los principales objetivos de la política económica nacional.
La presentación también cuestiona la interpretación realizada por el juez sobre el régimen presupuestario y sostiene que no fueron consideradas distintas defensas planteadas por el Estado durante el proceso.
La cifra que utiliza el Ejecutivo para cuestionar la ley
Uno de los argumentos centrales de la apelación es el supuesto impacto que tendría la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sobre el presupuesto nacional.
El Ministerio de Capital Humano afirma que cumplir con la normativa exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional.
Se trata de una estimación presentada por el Ejecutivo como fundamento de su recurso judicial, cuyo alcance y metodología forman parte de la controversia.
Desde el Gobierno sostienen que financiar las nuevas obligaciones mediante reasignaciones presupuestarias implicaría necesariamente reducir recursos destinados a otras áreas.
Para respaldar esa posición, el escrito invoca las leyes 24.629, 24.156 y 27.798, vinculadas con la autorización y ejecución del gasto público.
La disputa también alcanza a la división de poderes
La apelación incorpora otro cuestionamiento: el Gobierno considera que la sentencia podría afectar el principio de división de poderes.
Según el planteo oficial, una orden judicial que obliga a ejecutar gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el presupuesto vigente implicaría una intervención sobre atribuciones propias del Poder Ejecutivo.
Además, Capital Humano objeta la utilización de la vía del amparo colectivo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Para el Ministerio, el procedimiento no resulta adecuado para resolver una controversia que involucra montos, fuentes de financiamiento y distintas interpretaciones normativas.
El fallo de primera instancia, en cambio, había considerado que existían fundamentos para dejar sin efecto las disposiciones del decreto que impedían aplicar la ley.
Universidades a la espera de los fondos y las paritarias
Mientras continúa la disputa judicial, el sistema universitario público mantiene sus reclamos por el financiamiento de las instituciones y la recomposición salarial.
Las demandas incluyen la asignación de partidas presupuestarias, la actualización de los ingresos de docentes y trabajadores no docentes y la continuidad de las actividades académicas, científicas y de extensión.
La Ley de Financiamiento Universitario constituye uno de los principales instrumentos reclamados por el sector para afrontar esas necesidades.
Sin embargo, su implementación sigue atravesada por decisiones administrativas y judiciales que impiden cerrar el conflicto.
Una nueva instancia judicial para una ley sancionada
La apelación presentada por el Gobierno no resuelve la controversia, sino que traslada la discusión a una instancia superior.
Ahora deberá determinarse si corresponde mantener la sentencia que ordenó avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario o si prosperan los argumentos presupuestarios y jurídicos planteados por el Ejecutivo.
Mientras tanto, la discusión vuelve a concentrarse en una cuestión central: cómo garantizar los recursos establecidos por el Congreso para el funcionamiento de las universidades públicas frente a la política de equilibrio fiscal que sostiene el Gobierno nacional.
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