El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuestionó con dureza la modificación de la Ley de Glaciares y defendió la presentación judicial impulsada por la provincia, al sostener que se trata de una medida “en defensa propia” frente al riesgo sobre los recursos hídricos.
En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario advirtió que la reforma “es violatoria de la Constitución Nacional y de tratados internacionales”, y alertó sobre su impacto en la histórica disputa por los ríos interprovinciales.
“La Pampa no está en contra de la minería, sino de aquella que se impone por encima del acceso al agua para consumo humano”, remarcó.
Ziliotto puso el foco en la situación del río Colorado, al que definió como estratégico para la provincia. Según explicó, ese curso de agua abastece a través de un acueducto a cerca del 45% de la población pampeana y podría alcanzar a dos tercios con futuras ampliaciones.
En ese sentido, advirtió que cualquier modificación en la protección de los glaciares —origen de muchos ríos— podría afectar tanto la cantidad como la calidad del recurso.
El gobernador también vinculó el planteo actual con antecedentes históricos, como el conflicto por el río Atuel, cuyo caudal hacia La Pampa fue reducido tras obras en Mendoza. Recordó que existen fallos de la Corte Suprema que aún no se cumplen plenamente.
“Si con los glaciares protegidos ya nos quitaron dos de los tres ríos, imagínense el escenario a futuro”, planteó.
Frente a las posturas de provincias cordilleranas con fuerte desarrollo minero, Ziliotto sostuvo que el debate no debe plantearse como una dicotomía entre producción y ambiente, sino desde una mirada integral. “El ambiente tiene rango constitucional y no puede abordarse de manera parcial”, afirmó.
Además, cuestionó la falta de mecanismos efectivos de gestión compartida en ríos interprovinciales y reclamó mayor coordinación federal. “No puede ser que haya ríos sin comités de cuenca. No son recursos de una sola provincia”, señaló.
Por último, defendió la vía judicial adoptada por La Pampa y remarcó que será la Justicia la que determine la validez de la reforma. “Tenemos historia, argumentos y el derecho de hacer este reclamo”, concluyó.
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