Los gremios docentes universitarios inician este lunes 16 de marzo una semana de paro en todo el país, en rechazo al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a la magra propuesta salarial del Gobierno nacional. La medida, que incluirá clases públicas, volanteadas y movilizaciones, busca visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector.
«Hay mucha bronca en la universidad, hay docentes que ya no quieren volver a las aulas», resume Laura Carboni, titular de AGD UBA, al explicar el clima que se vive entre los educadores. Y grafica con números contundentes: «Un ayudante de primera con dedicación simple y diez años de antigüedad gana menos de 250 mil pesos mensuales. Yo misma, con treinta años de antigüedad, cobro 300 mil por mi cargo de 10 horas. Un profesor con dedicación exclusiva —lo que le impide tomar otros empleos— no supera el millón trescientos mil pesos, es decir que apenas cubre la línea de pobreza».
El conflicto de fondo: una ley que no se cumple
El eje del conflicto es el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el año pasado. La norma establecía una recomposición salarial acorde a la inflación acumulada —estimada en un 51 o 52 por ciento— pero fue vetada por el presidente. Aunque el Congreso insistió con su promulgación y la ley quedó firme, el Gobierno igual no la ejecutó.
El tema llegó a la justicia, donde un fallo favorable a los docentes ordenó al Ejecutivo pagar el aumento correspondiente. Sin embargo, la administración nacional se niega a cumplirlo y, en su lugar, envió al Congreso un proyecto para modificar la norma original.
La nueva iniciativa propone reemplazar el aumento del 51% por un incremento de solo el 12,3% en tres cuotas, cuya última instancia se cobraría recién en septiembre, desconociendo así toda la deuda salarial acumulada durante 2024.
Las medidas de fuerza
El paro nacional convocado para la semana del 16 al 20 de marzo cuenta con una unidad de acción inédita entre las principales federaciones docentes, aunque con matices en sus modalidades.
AGD UBA, que se encuadra dentro de la Conadu Histórica, es el gremio que votó las protestas más duras. En asambleas de base, los docentes aprobaron masivamente un paro por tiempo indeterminado. El 16 de marzo iniciarán la medida con cortes de calle y volanteadas, y el día 19 realizarán una asamblea general para definir la continuidad del plan de lucha.
Por su parte, la Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios) también se sumará al paro nacional de la semana, logrando que dos de las federaciones más grandes del país confluyan en el cese de actividades.
El plan de lucha para los próximos días incluye:
Paro total de actividades docentes en las universidades durante toda la semana
Actividades de visibilización en todas las sedes: volanteadas, clases abiertas y manifestaciones
El 19 de marzo, asamblea general de AGD UBA para evaluar la situación y definir si el paro continúa durante los tres días hábiles de la semana del 24 de marzo (semana corta por el feriado del Día de la Memoria)
Dudas sobre el rol de los rectores
Los gremios observan con recelo las conversaciones que el Gobierno ha mantenido con las autoridades universitarias. Carboni manifestó su preocupación por el encuentro que mantuvieron el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, con una parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para presentar el nuevo proyecto de ley.
Si bien el CIN emitió declaraciones exigiendo la aplicación de la ley original, la dirigente cuestionó que no estén ejerciendo «la fuerza suficiente» para frenar el avance oficial. En particular, señaló el silencio de la Universidad de Buenos Aires, que no ha emitido ninguna declaración en contra del proyecto de modificación: «De mínima, pareciera que no les cae mal el ofrecimiento del gobierno».
Un conflicto que promete extenderse
Con un escenario de diálogo roto y posiciones cada vez más alejadas, el conflicto universitario parece encaminarse a una larga duración. La negativa del Gobierno a cumplir con el fallo judicial y la ley vigente, sumada a la propuesta considerada «insultante» por los gremios, profundiza la crisis en las casas de altos estudios.
Mientras tanto, miles de docentes enfrentan el dilema de sostener su vocación en condiciones cada vez más precarias. «La universidad pública se defiende todos los días, no solo con discursos, sino con salarios dignos que permitan a los docentes dedicarse a enseñar e investigar sin tener que buscar otros trabajos para llegar a fin de mes», concluyó Carboni.
La semana de paro será la primera prueba de fuego para medir la capacidad de resistencia del sector y la respuesta del Gobierno ante un conflicto que amenaza con profundizarse en los próximos meses.
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