La situación judicial de Manuel Adorni entra en una etapa decisiva. La Justicia Federal avanza con una serie de declaraciones testimoniales a lo largo de esta semana en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa que investiga su patrimonio por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Gerardo Pollicita busca reconstruir la ruta del dinero detrás de la compra de al menos tres propiedades y las costosas refacciones realizadas en una de ellas, bajo sospechas de inconsistencias en las declaraciones juradas del actual jefe de Gabinete.
La ronda de testimoniales comienza este lunes con los responsables de la Inmobiliaria Rucci. La martillera Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi deberán explicar los detalles de la operación por la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La fiscalía ya cuenta con los boletos de compra-venta y pretende determinar el valor real de la propiedad y en qué condiciones se encontraba al momento de la transacción.
El miércoles será el turno de Pablo Martín Feijoo, señalado como un posible intermediario clave. Su nombre surgió a partir de la declaración de la escribana interviniente, quien lo vinculó con una llamativa hipoteca privada por 200.000 dólares otorgada por dos jubiladas. La investigación intenta esclarecer por qué ambas mujeres, que afirmaron no conocer a Adorni, habrían financiado la compra a través de un tercero.
Otro de los focos está puesto en la vivienda que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El viernes deberá declarar el constructor Matías Tabar, encargado de las reformas en el lote. El fiscal le solicitó documentación respaldatoria —presupuestos, facturas y registros de mensajes— para determinar quién afrontó los gastos y si estos se condicen con los ingresos declarados por el funcionario.
Además, la Justicia busca contrastar los valores de mercado con los informados ante la Oficina Anticorrupción. Entre los datos bajo análisis figuran el pago de una cuota de ingreso al barrio privado de unos 5.000 dólares y expensas cercanas a los 700.000 pesos, que estarían registradas a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.
El cronograma de esta etapa concluirá el lunes 27 de abril, con la declaración del vendedor de la propiedad del country, Juan Cosentino. Con estas medidas, la fiscalía apunta a reunir elementos clave para definir el rumbo de una causa que podría tener fuerte impacto político en los próximos días.
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