La decisión se tomó tras la evaluación técnica y económica de las ofertas. Ahora se abre un período de siete días para eventuales impugnaciones antes de la adjudicación definitiva.
El Gobierno nacional dispuso la preadjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía Paraguay-Paraná, y recomendó adjudicar el contrato al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, tras concluir el proceso de evaluación de las ofertas presentadas.
Según informó oficialmente la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, la decisión surge del Dictamen de Preadjudicación elaborado luego de analizar las distintas etapas de la licitación, bajo un sistema de puntuación diseñado con el acompañamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
La Vía Navegable Troncal constituye una infraestructura estratégica para el comercio exterior argentino, ya que concentra gran parte de las exportaciones agroindustriales y del transporte fluvial de cargas del país.
De acuerdo con el informe oficial, la propuesta de la empresa belga DEME NV fue desestimada en la evaluación final, mientras que la oferta presentada por la brasileña DTA Engenharia fue declarada inadmisible por no cumplir con uno de los requisitos esenciales del pliego: la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta.
Antes de emitir el dictamen, las autoridades realizaron una revisión integral del proceso licitatorio para verificar el cumplimiento de la documentación exigida, la normativa vigente y las recomendaciones internacionales en materia de transparencia y buenas prácticas.
El Gobierno destacó además que durante el desarrollo de la licitación no se registraron impugnaciones por parte de las empresas participantes y que las denuncias judiciales presentadas contra el proceso fueron rechazadas por la Justicia.
En las instancias de evaluación técnica, el consorcio Jan de Nul–Servimagnus obtuvo 66,20 puntos, mientras que DEME alcanzó 42,14 puntos. En la etapa económica, ambas ofertas lograron la misma calificación al presentar el menor precio posible contemplado en el esquema de evaluación.
Con el dictamen ya emitido, se abrió una instancia de siete días corridos para la presentación de eventuales impugnaciones formales. Una vez concluido ese plazo y resueltos los planteos que pudieran surgir, el Estado avanzará con la adjudicación definitiva de la concesión.
Desde el Gobierno sostienen que el nuevo contrato permitirá reducir cerca de un 15% los costos operativos de la navegación y avanzar en la modernización tecnológica de la principal vía de transporte fluvial del país. Asimismo, destacaron que durante el proceso distintos usuarios privados y organismos internacionales valoraron la participación de los sectores involucrados y la transparencia de cada una de las etapas de evaluación.
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