Representantes de 15 provincias argentinas, entre ellas La Pampa, manifestaron su rechazo a la propuesta del Gobierno nacional de modificar la Ley de Salud Mental y advirtieron sobre el impacto que podría tener en el sistema público.
El posicionamiento surge frente a la iniciativa de la gestión de Javier Milei, que apunta, entre otros aspectos, a quitar la obligatoriedad de inversión por parte del Estado nacional en el área.
Entre los firmantes del documento se encuentra el subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa, Martín Malgá, junto a autoridades provinciales y órganos de revisión de distintas jurisdicciones.
En el comunicado conjunto, las provincias reafirmaron su compromiso con la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y defendieron su vigencia como marco adecuado, alineado con estándares internacionales promovidos por organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
Advertencia por la crisis del sistema
El documento advierte sobre un aumento sostenido de la demanda en salud mental, con problemáticas cada vez más complejas y una fuerte presión sobre el sistema público, que concentra la mayor parte de las respuestas.
En ese contexto, las provincias sostienen que la ley vigente no representa un obstáculo, sino que el principal desafío radica en la falta de recursos y en la necesidad de incrementar la inversión para mejorar la calidad de atención.
Reclamo por más inversión y recursos humanos
Las autoridades provinciales remarcaron que la prioridad debe estar en fortalecer el sistema mediante más financiamiento, formación de profesionales y ampliación de la infraestructura.
En particular, subrayaron la importancia de garantizar la capacitación específica en salud mental y de ampliar la red de dispositivos de atención, tanto en prevención como en tratamientos ambulatorios e internaciones.
Además, señalaron que el aporte del Estado nacional resulta “fundamental” para sostener y mejorar estas políticas en todo el país.
Pedido de diálogo federal
El documento también reclama la reactivación del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) como ámbito de discusión entre Nación y provincias.
En esa línea, las jurisdicciones remarcaron que, en un país federal, deben ser parte activa y vinculante en cualquier debate sobre reformas o políticas públicas en salud mental.
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