La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó una sentencia que obliga a la Argentina a pagar más de US$390 millones al fondo Titan Consortium, en el marco del litigio originado por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El conflicto se remonta a 2008, cuando el Estado nacional dispuso la expropiación de la empresa aérea de bandera. A raíz de esa decisión, en 2017 un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó al país a abonar alrededor de US$321 millones, más intereses y costas, por la expropiación de las participaciones accionarias de las compañías.
La apelación fue rechazada
Tras el intento de la Argentina de anular el laudo arbitral, la decisión quedó firme en 2019. Posteriormente, Titan Consortium, que adquirió los derechos económicos del fallo como cesionario de Teinver y otras sociedades, solicitó su reconocimiento y ejecución ante la Justicia de Estados Unidos.
En 2024, la Corte de Distrito de Columbia rechazó el planteo argentino que sostenía que el reclamo estaba prescripto por haber transcurrido tres años. En cambio, determinó que el plazo aplicable era de 12 años y reconoció el laudo por un monto de US$390.907.115,55, calculado al 10 de diciembre de 2024, más los intereses posteriores.
La Argentina apeló esa decisión, pero la Cámara de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó el criterio de primera instancia y ratificó que el plazo de prescripción aplicable es de 12 años, dejando firme la condena superior a los US$390 millones.
La respuesta del Gobierno
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación señalaron que analizan las alternativas legales disponibles para intentar revertir o reducir el impacto de la sentencia.
En un comunicado, el organismo sostuvo que el litigio es consecuencia de decisiones adoptadas en administraciones anteriores.
«Nos encontramos analizando todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia», indicaron.
Asimismo, afirmaron que la causa forma parte de «la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos».
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