Mientras el Senado se encamina a convertir en ley la reforma laboral este viernes, el frente sindical comienza a reconfigurar su estrategia entre la presión en las calles y la vía judicial para frenar la norma.
Los sectores más duros del sindicalismo, encabezados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), definirán en las próximas horas una medida de fuerza de 36 horas: 24 de paro y 12 de movilización, en coincidencia con el tratamiento en la Cámara alta. La propuesta será formalizada tras una reunión del Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) y luego elevada a la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) para que se sume a la convocatoria.
Desde este sector sostienen que la intención es profundizar la presión contra una norma que consideran regresiva en materia de derechos laborales. La modalidad replica la estrategia que vienen desplegando en las últimas semanas: avanzar con paros y movilizaciones propias para tensionar a los sectores más dialoguistas de la central obrera.
En ese esquema, además de la UOM, participaron gremios como Aceiteros, Pilotos y sindicatos de las dos CTA, entre ellos ATE, que ya habían impulsado marchas y concentraciones en Córdoba y Rosario contra la reforma.
Judicialización en marcha
En paralelo, la conducción de la CGT ya trabaja en la presentación de recursos judiciales para que la reforma sea declarada inconstitucional una vez sancionada. La central evalúa que varios artículos podrían ser cuestionados en los tribunales, especialmente aquellos vinculados a limitaciones del derecho a huelga, cambios en convenios colectivos y modificaciones en el régimen indemnizatorio.
El cotitular de la CGT, Jorge Sola, dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza, aunque aclaró que aún no está definida la modalidad. La discusión interna refleja la tensión entre los sectores combativos y la conducción que busca mantener cierto margen de negociación con el Gobierno.
Escenario abierto
Con la reforma laboral a punto de convertirse en ley, el escenario sindical aparece dividido entre profundizar el conflicto en la calle o trasladar la disputa a la Justicia. La definición que adopte la CGT en los próximos días será clave para determinar si el conflicto escala con nuevas huelgas o si la batalla se concentrará en los tribunales.
El viernes, cuando el Senado vote, no sólo estará en juego la sanción definitiva de la norma, sino también el rumbo de la estrategia sindical frente a una de las reformas más controvertidas del actual gobierno.
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