El juez federal Daniel Rafecas ordenó el allanamiento de una propiedad que perteneció al exrepresor Carlos Suárez Mason, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
El operativo se realizó en un domicilio actualmente habitado por familiares del exmilitar, fallecido en 2005, donde fuerzas policiales y personal judicial llevaron adelante una inspección completa del inmueble en busca de documentación relevante.
Según trascendió, el procedimiento estuvo orientado a localizar archivos, registros u otro tipo de material vinculado al accionar del Primer Cuerpo de Ejército, estructura que Suárez Mason comandó y desde la cual se ejecutaron secuestros y detenciones ilegales en centros clandestinos.
La medida también se vincula con investigaciones por el robo de bebés nacidos en cautiverio, una de las causas en las que el exrepresor estuvo procesado. En ese sentido, la búsqueda de información apunta a aportar datos que permitan avanzar en la identificación de personas apropiadas durante ese período.
Además, el allanamiento incluyó líneas de investigación relacionadas con el manejo de fondos, ante sospechas de que se habrían utilizado recursos públicos y empresariales para financiar actividades represivas y tareas de inteligencia ilegal.
La orden judicial se originó a partir de una nueva declaración que indicaría la posible existencia de documentación de interés en la vivienda.
El procedimiento generó cuestionamientos por parte de familiares y allegados del exmilitar, quienes señalaron el tiempo transcurrido desde su fallecimiento.
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