La reforma de la Ley 26.639 que impulsa el Gobierno nacional propone introducir cambios en el régimen de protección de glaciares y zonas periglaciales, con el objetivo de habilitar actividades productivas que actualmente están restringidas, especialmente vinculadas a la minería y a los hidrocarburos.
Qué cambia
La iniciativa plantea eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciales y reemplazarla por un sistema de evaluaciones de impacto caso por caso. En la práctica, esto permitiría que proyectos de megaminería puedan avanzar en zonas que hoy se encuentran bajo protección legal.
Otro de los puntos centrales es la modificación del alcance del Inventario Nacional de Glaciares, que se limitaría únicamente a sectores considerados estratégicos para la reserva de agua. Según advierten sectores críticos, esto podría dejar numerosas áreas sin cobertura legal específica.
La postura del Gobierno
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la reforma busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo, permitiendo explotar recursos minerales e hidrocarburíferos en regiones donde actualmente la legislación lo impide.
Argumentan que el esquema de evaluaciones ambientales brindaría herramientas técnicas para autorizar o rechazar emprendimientos según su impacto, sin mantener una prohibición general.
El rechazo ambientalista
Organizaciones ambientalistas expresaron su preocupación y rechazo al proyecto, al considerar que la flexibilización normativa pondría en riesgo reservas estratégicas de agua dulce.
Advierten que la intervención en ambientes glaciares y periglaciales podría generar daños irreversibles, afectar la regulación natural de las cuencas hídricas y comprometer servicios ecosistémicos esenciales en un contexto de crisis climática global. También señalan los riesgos asociados al uso de sustancias químicas en la actividad minera y su potencial impacto en el agua destinada al consumo humano.
El debate en el Senado se da así en un escenario de fuerte tensión entre quienes promueven una mayor apertura a la inversión extractiva y quienes priorizan la preservación de los ecosistemas de montaña como reserva estratégica de agua para las futuras generaciones.
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