La venta del 90% de la empresa estatal reabre el debate sobre la gestión de un recurso esencial. Organizaciones ambientales y vecinales advierten sobre posibles consecuencias para las tarifas, las inversiones y la calidad del servicio. El Gobierno sostiene que la participación privada permitirá mejorar la eficiencia y ampliar la infraestructura.
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ingresó en una etapa decisiva luego de que el Gobierno nacional adjudicara el 90% de las acciones de la empresa a un consorcio privado por 340,2 millones de dólares.
La operación, impulsada por la administración de Javier Milei, contempla la transferencia del control de la compañía encargada de prestar los servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
El Ministerio de Economía estableció el 13 de noviembre como fecha límite para la firma del contrato de compraventa, mientras organizaciones sociales, ambientales y vecinales mantienen sus cuestionamientos sobre las consecuencias del nuevo esquema de gestión.
El agua como derecho humano y no solamente como servicio comercial
Uno de los principales cuestionamientos proviene de organizaciones que trabajan desde hace décadas en territorios afectados por problemas de acceso al agua potable, inundaciones y contaminación.
El Foro Hídrico de Lomas de Zamora sostiene que el abastecimiento de agua y el saneamiento deben permanecer bajo control público, debido a su importancia para la salud colectiva y la protección ambiental.
La organización recuerda la experiencia de privatización de Obras Sanitarias de la Nación durante la década de 1990, cuando la concesión quedó en manos de Aguas Argentinas, un consorcio encabezado por la empresa francesa Suez.
Aquel contrato, iniciado en 1993, terminó con su rescisión en 2006, luego de conflictos relacionados con las inversiones, las tarifas y el cumplimiento de las obligaciones de prestación.
Para los sectores que rechazan la nueva privatización, ese antecedente demuestra los riesgos de organizar un servicio esencial alrededor de criterios de rentabilidad económica.
La preocupación se concentra especialmente en los barrios populares, donde la extensión de las redes de agua y cloacas requiere inversiones importantes que no siempre ofrecen retornos financieros inmediatos.
El saneamiento ambiental, uno de los puntos más sensibles
El debate también involucra la recuperación de ecosistemas profundamente afectados por décadas de contaminación.
Uno de los casos más relevantes es la cuenca Matanza-Riachuelo, donde millones de personas conviven con problemas ambientales vinculados con los efluentes industriales, las descargas cloacales y la falta de infraestructura sanitaria.
La expansión de las redes de saneamiento constituye una herramienta fundamental para reducir la contaminación y mejorar las condiciones de vida.
Organizaciones ambientales advierten que una modificación de las prioridades de inversión podría afectar la continuidad de obras necesarias para recuperar estos territorios.
En ese contexto, también reclaman fortalecer los mecanismos de fiscalización, garantizar el acceso público a la información y asegurar que las decisiones empresariales no comprometan las obligaciones ambientales.
Qué propone el Gobierno nacional
El Ejecutivo sostiene que la privatización permitirá superar problemas históricos de funcionamiento, reducir la dependencia de fondos públicos y acelerar las inversiones.
Según el esquema presentado oficialmente, el nuevo operador tendrá obligaciones de inversión superiores a los 2.000 millones de dólares durante los primeros cinco años, destinadas a mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento.
El Gobierno también establece que el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) deberá controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, junto con mecanismos de auditoría técnica.
La propuesta oficial se basa en un modelo de financiamiento mediante ingresos propios de la concesionaria, con supervisión estatal y responsabilidades de expansión de infraestructura.
La Justicia también intervino en el proceso
La privatización generó distintas presentaciones judiciales vinculadas con la protección del ambiente y los derechos de los usuarios.
En septiembre, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar destinada a impedir que se reduzcan las obligaciones existentes de prestación, infraestructura y protección ambiental en los municipios bonaerenses alcanzados.
La resolución no anuló el proceso de privatización, pero estableció límites a la posibilidad de disminuir las garantías del servicio mientras continúa la discusión judicial.
Las organizaciones que impulsan estas acciones sostienen que cualquier modificación estructural debe contemplar sus consecuencias sociales y ambientales, así como mecanismos efectivos de participación ciudadana.
Un debate que excede al Área Metropolitana
Aunque AySA opera en Buenos Aires, la discusión sobre el manejo del agua tiene alcance nacional.
En provincias como La Pampa, donde la disponibilidad de recursos hídricos constituye una preocupación histórica, la gestión del agua representa una cuestión estratégica para el desarrollo productivo, la salud pública y la preservación ambiental.
Los conflictos por los ríos interprovinciales, la necesidad de garantizar el abastecimiento de agua potable y las inversiones en infraestructura sanitaria muestran que el acceso al recurso involucra decisiones que trascienden los criterios exclusivamente económicos.
El debate sobre AySA vuelve a colocar en primer plano una cuestión fundamental: cómo garantizar servicios eficientes y sostenibles sin comprometer el acceso universal a un recurso indispensable para la vida.
El desafío no se limita a determinar quién administra el agua, sino a establecer qué controles, inversiones y garantías permitirán proteger a los usuarios y al ambiente durante las próximas décadas.
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