Un informe del CEPA advierte que el proyecto presupuestario del Gobierno consolida la pérdida de recursos de las universidades nacionales. Los salarios docentes y no docentes acumulan una caída real del 24,2% y la asignación prevista queda un 28% por debajo de lo que correspondería con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 vuelve a colocar el financiamiento de las universidades públicas en el centro del debate. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado en octubre, revela que los recursos previstos para el próximo año se ubican 21,1% por debajo de los niveles de 2023, una vez descontado el efecto de la inflación.
El estudio analiza la evolución del programa presupuestario destinado al desarrollo de la educación superior y compara los fondos previstos por el Gobierno nacional con los que resultarían de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
Según los cálculos del CEPA, el presupuesto universitario registró una reducción real del 25,2% entre 2023 y 2025. Para 2026, la caída acumulada respecto de 2023 se estima en un 22%.
Aunque el proyecto para 2027 contempla una mejora real del 1,2% respecto del crédito vigente de 2026, ese incremento no alcanza para recuperar los recursos perdidos durante los últimos años.
Una diferencia de más de dos billones de pesos
El informe señala que el proyecto de Presupuesto 2027 prevé aproximadamente 7,50 billones de pesos para el programa de educación superior, expresados a valores constantes de ese año.
En cambio, si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario, la asignación ascendería a 9,60 billones de pesos.
La diferencia supera los 2 billones de pesos y representa un 28% adicional respecto de lo contemplado en el proyecto oficial.
La ley fue aprobada por el Congreso en 2025, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por ambas cámaras. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida mediante un decreto del Poder Ejecutivo, decisión que dio lugar a una controversia judicial.
Los salarios universitarios perdieron un 24,2% de poder adquisitivo
El deterioro de los ingresos constituye otro de los puntos centrales del estudio.
De acuerdo con el CEPA, en septiembre de 2026 los salarios de docentes y no docentes universitarios se encontraban 24,2% por debajo del poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023.
Si bien durante los primeros nueve meses de este año se registró una recuperación real del 11,6%, todavía no se logró compensar la pérdida acumulada.
El informe presenta un ejemplo concreto: un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva y sin antigüedad percibía en septiembre de 2026 un salario básico bruto de $672.309.
De haberse aplicado la Ley de Financiamiento Universitario, ese ingreso habría alcanzado aproximadamente $887.581, según las estimaciones del centro de estudios.
Salarios que no alcanzan para cubrir una canasta familiar
El CEPA también comparó los salarios básicos universitarios con el costo de las canastas de referencia para una familia de cuatro integrantes.
En septiembre de 2026, la Canasta Básica Total alcanzó los $1.632.505, mientras que la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $738.690.
El relevamiento muestra que numerosos cargos docentes y no docentes perciben salarios básicos brutos inferiores al valor de esas canastas.
Sin embargo, la comparación corresponde a remuneraciones básicas de cargos específicos, sin considerar antigüedad, adicionales, otros empleos o ingresos familiares, por lo que no determina por sí sola la situación de pobreza de cada trabajador.
El financiamiento universit
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