Más de 140 buques permanecen detenidos por un paro por tiempo indeterminado de prácticos, pilotos y baqueanos. El conflicto, originado por un decreto del Gobierno nacional que desregula la actividad, ya afecta el comercio exterior y podría impactar en el suministro de combustibles.
El comercio exterior argentino atraviesa una fuerte interrupción como consecuencia del paro por tiempo indeterminado que llevan adelante prácticos, pilotos y baqueanos, en rechazo al Decreto 690/2026 impulsado por el Gobierno nacional.
La medida mantiene paralizados al menos 140 buques en distintos puertos del país, afectando las exportaciones de granos y la operatoria en terminales estratégicas como Rosario, Bahía Blanca, Campana y Dock Sud. Al mismo tiempo, crece la preocupación por posibles inconvenientes en el abastecimiento interno de nafta, gasoil y fuel oil, debido a la interrupción de las operaciones de distribución.
El origen del conflicto
El paro fue convocado tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modifica el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991.
Según el Gobierno, la reforma busca modernizar la actividad, eliminar restricciones a la competencia y reducir los costos logísticos del comercio exterior. Entre los cambios más importantes, establece un registro abierto de profesionales habilitados, elimina límites para nuevos prestadores, permite la contratación libre de prácticos y dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación fije tarifas máximas para el servicio.
Los trabajadores, en cambio, sostienen que la desregulación pone en riesgo la seguridad de la navegación y exigen la suspensión o derogación del decreto como condición para iniciar negociaciones.
Intimaciones y advertencias
Frente al conflicto, la Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar de manera individual a más de 500 profesionales para que retomen inmediatamente sus tareas.
Desde el Gobierno sostienen que el practicaje constituye un servicio público esencial, por lo que la continuidad del paro podría derivar en sumarios administrativos e incluso denuncias penales contra quienes incumplan las intimaciones.
Mientras tanto, el impacto económico ya comienza a sentirse con pérdidas millonarias por exportaciones demoradas y el desvío de cargas hacia puertos de Montevideo y del sur de Brasil.
Preocupación internacional
La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico manifestó su preocupación por la implementación del decreto argentino.
En un comunicado, la entidad advirtió que la nueva normativa podría generar riesgos para la seguridad de la navegación, afectar compromisos asumidos en el Tratado del Río de la Plata y desconocer recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Asimismo, solicitó a las autoridades uruguayas promover un ámbito de diálogo con el Gobierno argentino para garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales y preservar la seguridad en las aguas compartidas.
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