Camuflado en el anticonstitucional proyecto de Reforma Laboral, presentado ya en el Senado y cuestionado hasta por sus propios seguidores, el gobierno de Javier Milei borra de un plumazo el Título V de la Ley 26.522 de Medios, sacando así los gravámenes a la televisión, radios y señales cuyo destino son el 25% para el Incaa, el 10% para el Instituto Nacional del Teatro, el 20% para RTA, el 5% para la Defensoría del Público, el 10% para proyectos especiales de comunicación audiovisual y el 2% para el Instituto Nacional de la Música.
Esto ya lo sufrimos cuando en el gobierno macrista se aprobó a las apuradas, y con las habituales transas legislativas, la Ley 27.432 en diciembre de 2017. Ese mamotreto legislativo ponía en su artículo 4 como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2022 para las asignaciones específicas a las leyes vigentes que permiten el financiamiento del Cine, de los Institutos Nacionales de Música y Teatro, Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos y el funcionamiento de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
La movilización cultural de toda Argentina logró rebatir ese desatino logrando la aprobación en el Congreso de una prórroga por 50 años para dicho financiamiento el 27 de octubre de 2022.
Luego, en diciembre de 2023 nos enteramos del delirio de la Ley Ómnibus que contenía entre sus des-propuestas el mismo desfinanciamiento cultural. Nuevamente movilizamos a todo el sector cultural de Argentina en rechazo de esta barbarie. Enero y febrero de 2024 fueron decisivos al respecto.
Hoy, vuelven a intentarlo con sus palabras lanzallamas y razón criminal, tal cual lo cantó Miguel Cantilo.
Cuánto les molesta el sector cultural que es la voz de la gente, herramienta de transformación social y una de las usinas del pensamiento nacional, no?
Escribe: Mario Figueroa
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