Una veintena de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas reclamaron al Congreso Nacional que rechace y derogue el DNU que modifica la Ley de Inteligencia, al advertir que la norma “debilita los controles democráticos” y habilita prácticas que consideran inconstitucionales, como la posibilidad de “aprehender” personas sin orden judicial ni criterios claros.
El planteo fue expresado en un documento conjunto firmado por entidades como Amnistía Internacional Argentina, el CELS, ACIJ, Poder Ciudadano, Democracia en Red, Fundación SES, Fundación Vía Libre, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), entre otras.
Las organizaciones sostienen que el decreto amplía de manera peligrosa la discrecionalidad del Estado y reclamaron que el Parlamento lo rechace de forma expresa. “Se trata de un DNU manifiestamente inconstitucional, que habilita prácticas que creíamos superadas. El Congreso debe rechazarlo”, afirmaron.
Entre los puntos más cuestionados, señalaron que la reforma “concentra aún más poder en la SIDE, habilita la vigilancia masiva y debilita los controles democráticos”. En ese marco, alertaron que, por primera vez desde el retorno de la democracia, el organismo de inteligencia podría proceder a la aprehensión de personas sin autorización judicial, sin que se establezcan garantías ni criterios precisos.
Según advirtieron, esto abre la puerta a detenciones arbitrarias, persecución e intimidación. “Es transformar a los servicios de inteligencia en una suerte de policía secreta sin control”, expresaron.
Otro de los aspectos más criticados es la obligación impuesta a más de 15 organismos públicos de compartir datos personales de la población con la SIDE, sin procedimientos claros ni mecanismos de control. “Se convierte en una herramienta de vigilancia masiva”, remarcaron, y advirtieron sobre los riesgos que implica la concentración de información en un Estado que no cuenta con políticas adecuadas de seguridad de datos y donde las filtraciones son frecuentes.
Además, el documento cuestiona que el decreto no contemple ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y le otorgue facultades como solicitar información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos y compartir datos con agencias extranjeras sin orden judicial, todo bajo un estricto régimen de secreto. “Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la entregan”, alertaron.
Más objeciones
Las organizaciones también rechazaron que el decreto establezca que todas las actividades de inteligencia sean encubiertas por definición. “Esto implica que una persona no podrá saber si está siendo investigada, por qué motivo ni qué información existe sobre ella”, señalaron, y advirtieron que el carácter secreto puede frustrar futuras investigaciones sobre abusos del Estado. “El secreto pasa a ser la regla y no la excepción”, indicaron.
Otro punto que generó fuerte preocupación es la habilitación a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales. En ese sentido, recordaron que durante décadas la Argentina trabajó para separar de manera estricta las funciones de defensa nacional y seguridad interior, como una lección aprendida tras la dictadura.
“Este decreto permite que los militares realicen tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales, sin definir cuáles ni bajo qué criterios, y además reduce el control civil. Es un retroceso histórico y peligroso”, advirtieron.
La polémica
El DNU 941/2025 fue dictado por el Gobierno el pasado 31 de diciembre e introduce modificaciones profundas a la Ley de Inteligencia, al declarar secreta toda la actividad del sistema, ampliar las facultades de la SIDE y permitir la aprehensión de personas.
El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el próximo jueves para remitir la norma al Congreso. Una vez ingresado, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo contará con diez días hábiles para su análisis, aunque ese plazo podría vencerse sin tratamiento debido a que la comisión aún no está constituida. En ese escenario, la oposición evalúa impulsar su debate directamente en el recinto.
Comentarios de las entradas (0)