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Nueva Ley de Discapacidad: el Senado la aprobó por unanimidad con 71 votos

today19 noviembre, 2026

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Con 71 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara alta convirtió en ley un régimen permanente para el sistema de discapacidad. La normativa mantiene las pensiones no contributivas, establece mecanismos de actualización de las prestaciones y busca garantizar la continuidad de los servicios después del vencimiento de la emergencia vigente.

El Senado de la Nación aprobó este jueves por unanimidad la nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que establece un marco de protección para las personas con discapacidad y los prestadores de servicios.

La votación terminó con 71 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención, en una sesión que reunió el respaldo de todas las fuerzas políticas presentes.

La sanción se produjo después de meses de conflictos entre el Gobierno nacional, las organizaciones de personas con discapacidad, las familias y los prestadores, en torno al financiamiento del sistema y la continuidad de las prestaciones.

La nueva legislación reemplazará el esquema transitorio de emergencia que vence el 31 de diciembre de 2026 y busca establecer reglas permanentes para el funcionamiento del sector.

Qué establece la nueva ley

Uno de los principales puntos es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto se mantiene equivalente al 70% de una jubilación mínima.

La normativa también permite compatibilizar la percepción de estas pensiones con ingresos provenientes de un trabajo registrado o actividades comprendidas en el monotributo, siempre que no se superen los límites establecidos.

El objetivo es evitar que la incorporación al mercado laboral implique automáticamente la pérdida de una prestación, una situación que históricamente representó una dificultad para la inclusión laboral.

Otro aspecto central es el mantenimiento del nomenclador nacional que regula los valores de los servicios destinados a personas con discapacidad.

La ley contempla mecanismos de actualización de los aranceles para evitar que la inflación reduzca progresivamente los recursos disponibles para los prestadores.

Prestaciones y continuidad de los tratamientos

La legislación busca preservar el acceso a servicios esenciales como rehabilitación, tratamientos terapéuticos, transporte especializado y otras prestaciones contempladas en el sistema de atención a personas con discapacidad.

Durante los últimos años, numerosas instituciones y profesionales advirtieron sobre dificultades económicas para sostener su funcionamiento, vinculadas con los retrasos en los pagos y la pérdida de valor de los aranceles.

La nueva normativa incorpora herramientas para dar mayor previsibilidad al financiamiento y establece un cronograma para regularizar obligaciones pendientes con los prestadores.

La continuidad de estos servicios resulta especialmente importante para las personas que requieren tratamientos permanentes y para las familias que dependen de una red de atención especializada.

Un cambio respecto de la emergencia vigente

La aprobación representa una modificación importante en el esquema legal que regula el sistema.

Mientras la legislación de emergencia establecía medidas extraordinarias con una duración determinada, el nuevo régimen busca darles carácter permanente a sus principales disposiciones.

La decisión se produjo en un contexto de fuertes cuestionamientos a las políticas nacionales de discapacidad y de movilizaciones de organizaciones que reclamaron la continuidad de las prestaciones.

El proyecto ya había obtenido una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, donde fue aprobado con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones.

Con la sanción del Senado, quedó completado su tratamiento parlamentario.

El debate entre oficialismo y oposición

Durante la sesión, el oficialismo defendió la necesidad de establecer un sistema con reglas estables, en lugar de continuar prorrogando la emergencia.

El senador Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sostuvo que el objetivo es garantizar previsibilidad para las pensiones, las coberturas y los prestadores.

Desde la oposición, distintos legisladores acompañaron la iniciativa, aunque advirtieron que la sanción de una ley no resuelve por sí sola las dificultades que atraviesa el sector.

La senadora Alicia Kirchner consideró que la aprobación constituye un punto de partida, pero remarcó que todavía quedan derechos y servicios por recuperar.

Por su parte, Lucía Corpacci vinculó el avance legislativo con las movilizaciones de las organizaciones de personas con discapacidad y reclamó que las disposiciones cuenten con financiamiento efectivo.

El debate reflejó un consenso sobre la necesidad de sostener el sistema, aunque persistieron diferencias respecto de la responsabilidad del Gobierno nacional y la asignación de recursos.

Reglamentación y financiamiento, los próximos desafíos

La nueva legislación contempla mecanismos de control y auditoría, además de previsiones destinadas a sostener el financiamiento de las prestaciones.

También establece un plazo de 30 días para que el Poder Ejecutivo avance con su reglamentación.

La implementación será determinante para establecer cómo se aplicarán los mecanismos de actualización, la regularización de pagos y las disposiciones vinculadas con las pensiones.

Para las organizaciones del sector, el desafío será que el respaldo legislativo se traduzca en mejoras concretas en el acceso a tratamientos y servicios.

La aprobación unánime de la nueva Ley de Discapacidad representa un acuerdo parlamentario significativo, pero su impacto dependerá de la reglamentación, el financiamiento y el cumplimiento efectivo de las prestaciones previstas.

Escrito por Diario Sonar

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