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BAIRES, AGOSTO 31:Los senadores pasarán a cobrar más de $13.100.000 en bruto a partir de enero de 2027 a raíz de un nuevo acuerdo entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.FOTO NA: (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO
La iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei fue sancionada con 47 votos a favor y 22 en contra. El acuerdo busca facilitar el registro internacional de invenciones, pero generó cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la industria farmacéutica nacional. Argentina incorporó una reserva para mantener determinadas facultades de evaluación de patentes.
El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional destinado a simplificar los procedimientos para solicitar protección de invenciones en distintos países.
La iniciativa obtuvo 47 votos afirmativos y 22 negativos, después de un debate en el que oficialismo y oposición expusieron diferencias sobre sus consecuencias para la innovación tecnológica, la industria nacional y el acceso a los medicamentos.
La aprobación constituye un avance de la agenda económica del Gobierno de Javier Milei, que había retomado el tratamiento parlamentario del acuerdo en el marco de las negociaciones comerciales con Estados Unidos.
El proyecto fue impulsado especialmente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.
Qué es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes
El PCT es un sistema internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que permite presentar una solicitud internacional de patente para iniciar el proceso de protección de una invención en numerosos países.
Su principal ventaja es que simplifica los trámites iniciales y permite postergar determinadas gestiones y costos asociados a las solicitudes nacionales.
Sin embargo, el tratado no concede una patente mundial ni garantiza automáticamente su aprobación en todos los países participantes. Cada oficina nacional o regional conserva la facultad de examinar las solicitudes y decidir si corresponde otorgar protección según su legislación.
Para investigadores, universidades, empresas tecnológicas y pequeñas industrias, la adhesión podría facilitar la presentación de solicitudes internacionales y la planificación de estrategias de protección de sus desarrollos.
Una discusión pendiente desde hace décadas
Argentina había firmado el tratado en 1970 y el Senado había aprobado su adhesión en 1998, pero el proceso legislativo no se había completado.
El debate se reactivó durante la actual gestión nacional, en el contexto de los compromisos comerciales asumidos con Estados Unidos.
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa el 27 de agosto, aunque introdujo una modificación: la adhesión se realizaría con reserva del capítulo II del tratado.
Esa modificación obligó a que el proyecto regresara al Senado para obtener su aprobación definitiva.
La reserva implica que Argentina no aplicará las disposiciones de ese capítulo, vinculadas con el procedimiento internacional de examen preliminar, aunque podrá participar del sistema de solicitudes internacionales previsto en el acuerdo.
El Gobierno destacó las oportunidades para empresas e investigadores
Durante el debate, el senador oficialista Francisco Paoltroni defendió la adhesión como una herramienta para promover la innovación y facilitar el acceso de los desarrollos argentinos a mercados internacionales.
«Este tratado significa apostar de manera directa por el desarrollo federal, la innovación y la atracción de inversiones», afirmó.
El legislador sostuvo que el sistema permitirá reducir trámites y costos para pequeñas y medianas empresas, investigadores del CONICET y emprendimientos tecnológicos.
Desde Convicción Federal, Guillermo Andrada también respaldó la iniciativa y destacó que los investigadores podrán realizar gestiones internacionales mediante un procedimiento más sencillo.
Por su parte, la senadora misionera Sonia Rojas Decut consideró que la adhesión puede facilitar la llegada de desarrollos provinciales a nuevos mercados.
Flavia Royón, de Primero los Salteños, coincidió en que el sistema ofrece una vía para simplificar las solicitudes de protección de invenciones.
Las advertencias por la industria farmacéutica
El principal foco de controversia estuvo relacionado con las posibles consecuencias de la adhesión sobre los laboratorios nacionales y el precio de los medicamentos.
Las cámaras farmacéuticas CILFA y Cooperala plantearon reparos frente a determinadas disposiciones del tratado, al considerar que podían modificar las condiciones de competencia con las grandes compañías internacionales.
Sus observaciones fueron parte de la discusión que derivó en la incorporación de la reserva del capítulo II.
Desde la oposición, el senador Jorge Capitanich cuestionó el origen de la iniciativa y sostuvo que su tratamiento respondió a las negociaciones comerciales con Estados Unidos.
«Su tratamiento no nace de una necesidad interna, llega impuesto claramente por un acuerdo comercial con los Estados Unidos», afirmó.
El jefe del bloque peronista, José Mayans, también rechazó el proyecto y advirtió sobre posibles efectos negativos para la producción nacional de medicamentos genéricos.
Durante su intervención, sostuvo que especialistas consultados en el Congreso habían alertado sobre eventuales aumentos de entre el 30% y el 40% en el precio de los medicamentos.
Esas cifras forman parte de los cuestionamientos expresados durante el debate legislativo y no constituyen aumentos confirmados ni consecuencias automáticas de la adhesión.
Qué implica la reserva incorporada por Argentina
La decisión de excluir la aplicación del capítulo II fue presentada como una forma de preservar márgenes de decisión en los procedimientos de evaluación de patentes.
El capítulo comprende mecanismos de examen preliminar internacional que pueden ser utilizados por quienes presentan solicitudes de protección de invenciones.
Su reserva no elimina las obligaciones derivadas del resto del tratado ni modifica por sí sola los requisitos que establece la legislación argentina para otorgar patentes.
Las decisiones sobre patentabilidad continuarán correspondiendo a las autoridades competentes, de acuerdo con las normas nacionales aplicables.
La medida fue incorporada después de las observaciones formuladas por sectores de la industria farmacéutica local y aceptada durante el tratamiento legislativo.
Innovación, comercio y acceso a medicamentos
La adhesión al PCT plantea dos dimensiones centrales para la economía argentina.
Por un lado, ofrece a empresas, universidades e investigadores una herramienta para simplificar la presentación de solicitudes internacionales y facilitar la protección de sus desarrollos en otros mercados.
Por otro, abre interrogantes sobre el impacto que una mayor utilización del sistema podría tener en determinados sectores industriales, especialmente el farmacéutico.
La discusión continuará alrededor de la aplicación efectiva del tratado, la actuación de las autoridades nacionales de patentes y las condiciones de competencia de la industria local.
Con la sanción del Senado, Argentina completó el trámite legislativo para adherir al PCT con una reserva específica, en una decisión que combina objetivos de integración internacional con debates sobre producción nacional, propiedad intelectual y acceso a los medicamentos.
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