El senador nacional por La Pampa acompañó el proyecto que busca regular los mercados de carbono en la Argentina, pero advirtió que su desarrollo debe garantizar una distribución federal de los beneficios económicos. Destacó el potencial de la provincia en actividades agropecuarias, energéticas y ambientales, y pidió que las nuevas reglas contemplen los compromisos climáticos del país.
El senador nacional Daniel Bensusán planteó la necesidad de que el futuro mercado de carbono argentino se desarrolle con una perspectiva federal, garantizando que los recursos económicos generados por esta actividad lleguen a las provincias y a los sectores productivos que impulsan los proyectos ambientales.
Durante el debate en el Senado, el legislador pampeano acompañó la iniciativa destinada a establecer un marco regulatorio para los mercados de carbono, una herramienta que puede abrir nuevas oportunidades de financiamiento para actividades vinculadas con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, advirtió que su implementación no debe quedar limitada a los intereses comerciales ni avanzar sin la participación de las provincias, donde se encuentran los recursos naturales y se desarrollan buena parte de los proyectos.
“Los beneficios de esta herramienta tienen que llegar a los territorios donde se desarrollan los proyectos y donde están nuestros recursos naturales. Esa mirada federal debe estar en el centro de esta discusión”, afirmó.
Qué es el mercado de carbono y cómo funciona
Los mercados de carbono permiten asignar un valor económico a determinadas reducciones o capturas de gases de efecto invernadero.
A través de proyectos que cumplen requisitos de medición, verificación y certificación, es posible generar créditos de carbono que posteriormente pueden comercializarse.
Estas iniciativas pueden incluir prácticas de manejo sustentable de suelos, mejoras en los sistemas agropecuarios, proyectos de energías renovables, recuperación de ambientes naturales y reducción de emisiones en la gestión de residuos.
En términos generales, cada crédito de carbono representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente reducida o removida de la atmósfera, de acuerdo con las metodologías de certificación correspondientes.
La comercialización de esos créditos puede convertirse en una fuente adicional de ingresos para productores, empresas y organizaciones que desarrollen proyectos ambientales.
Sin embargo, para que el sistema funcione correctamente, resulta necesario establecer mecanismos de control que permitan comprobar que las reducciones de emisiones sean reales, medibles y verificables.
El potencial de La Pampa
Bensusán destacó que La Pampa cuenta con condiciones favorables para participar de este mercado debido a su perfil productivo y a las posibilidades de desarrollar iniciativas vinculadas con el ambiente.
La actividad agropecuaria, el manejo de los suelos, la generación de energía y la gestión de residuos aparecen entre los sectores que podrían aprovechar mecanismos de financiamiento asociados con la reducción o captura de emisiones.
Para la provincia, esta herramienta podría representar una oportunidad de incorporar recursos a proyectos productivos y ambientales, siempre que existan condiciones adecuadas de acceso, certificación y comercialización.
El senador consideró que el desafío consiste en evitar que los beneficios económicos se concentren en intermediarios o actores alejados de los territorios donde se generan los créditos.
“Desde La Pampa acompañamos este proyecto porque puede abrir oportunidades para nuestros productores, nuestras economías regionales y proyectos ambientales que necesitan financiamiento”, sostuvo.
El reclamo por una regulación verdaderamente federal
Uno de los puntos centrales de la intervención de Bensusán fue la necesidad de garantizar la participación de las provincias en el diseño y funcionamiento del mercado.
El legislador vinculó su planteo con las observaciones formuladas por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que reclamó reglas claras para proteger la integridad ambiental de los proyectos y definir cómo se distribuirán los beneficios.
Entre las preocupaciones se encuentra la posibilidad de que la comercialización de créditos genere conflictos con los compromisos internacionales de reducción de emisiones asumidos por la Argentina.
Esto puede ocurrir cuando no existen mecanismos adecuados de contabilidad y control que eviten atribuir una misma reducción de emisiones a más de un actor o compromiso climático.
“No podemos convertir en una oportunidad económica para terceros aquello que después pueda representar una dificultad para que nuestro propio país cumpla sus compromisos climáticos”, advirtió Bensusán.
Cambio climático y consecuencias sobre la producción
Durante su exposición, el senador también puso el foco en los efectos del cambio climático sobre las economías regionales y los sistemas productivos.
“El cambio climático no es un mito. Lo vemos en las modificaciones de los regímenes de lluvias, en las sequías, las inundaciones y otros fenómenos que tienen consecuencias concretas sobre nuestros territorios y afectan al sistema productivo nacional”, expresó.
En una provincia como La Pampa, donde la disponibilidad de agua, las condiciones del suelo y la variabilidad climática tienen una incidencia directa sobre la producción agropecuaria, estas cuestiones adquieren especial relevancia.
Desde esa perspectiva, el mercado de carbono puede contribuir al financiamiento de iniciativas ambientales, pero no reemplaza la necesidad de desarrollar políticas públicas de adaptación, mitigación y protección de los recursos naturales.
Una oportunidad económica con desafíos ambientales
La discusión sobre la regulación de los mercados de carbono abre un nuevo escenario para la Argentina, en el que las actividades productivas podrían acceder a fuentes de financiamiento vinculadas con objetivos ambientales.
Para Bensusán, el desarrollo de esta herramienta debe contemplar tanto su potencial económico como la necesidad de preservar los derechos y las competencias de las provincias.
“Necesitamos que esos beneficios lleguen efectivamente a los territorios y a quienes hacen posible la generación de los créditos. Un mercado de carbono verdaderamente nacional no puede construirse a espaldas de las provincias, sino con ellas”, concluyó.
El debate continuará alrededor de cómo establecer un sistema que combine inversiones, transparencia, protección ambiental y una distribución equitativa de los recursos, especialmente para las economías regionales que podrían convertirse en protagonistas de este nuevo mercado.
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