Más de 300 organizaciones sociales, académicas, sanitarias y de defensa de consumidores expresaron su rechazo al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal.
El cuestionamiento surgió luego de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso el expediente 186/26, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, con el objetivo de eliminar la normativa sancionada en 2021.
A través de un comunicado conjunto, las entidades advirtieron que la iniciativa representa “un grave retroceso” en materia de salud pública y derecho a la información, además de “desmantelar una de las políticas sanitarias más importantes de los últimos años”.
La ley establece la colocación de sellos negros de advertencia en productos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. También regula la publicidad de alimentos ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes, limita estrategias de marketing y promueve entornos escolares saludables.
Según las organizaciones firmantes, la derogación eliminaría de manera inmediata todo ese esquema de protección y dejaría a la población “en un estado de desprotección frente a los intereses de la industria alimenticia”.
Desde el Gobierno nacional argumentaron que la medida apunta a reducir “limitaciones regulatorias” y avanzar hacia una armonización normativa con otros países del Mercosur. Sin embargo, las entidades rechazaron esa postura y sostuvieron que el sistema argentino, basado en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es considerado uno de los más estrictos y efectivos de la región.
El debate volvió además a poner en el centro de la escena el histórico lobby de las grandes empresas alimenticias agrupadas en COPAL. Desde la discusión parlamentaria de la ley, la entidad empresaria cuestionó el esquema de octógonos negros y reclamó reglas menos restrictivas.
Las organizaciones sostienen que la evidencia acumulada desde la implementación de la norma demuestra resultados positivos. Indicaron que el 90% de la población considera que los sellos ayudan a identificar rápidamente productos poco saludables y que más de la mitad aseguró haber modificado hábitos de compra a partir de la presencia de los octógonos.
También remarcaron que, antes de la sanción de la ley, apenas el 13% de las personas lograba interpretar correctamente la información nutricional tradicional de los envases.
“Los octógonos democratizaron el acceso a la información alimentaria”, señalaron las entidades, que además reclamaron al Congreso nacional que rechace el proyecto impulsado por el Ejecutivo.
El intento de derogación abre un nuevo frente de discusión entre el Gobierno y distintos sectores vinculados a la salud pública, en medio de una agenda oficial orientada a reducir regulaciones y flexibilizar normativas económicas.
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