Casal pidió un DNU para garantizar la intervención de la Procuración en la Justicia Nacional porteña

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó nuevamente al Gobierno nacional el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que permita al Ministerio Público Fiscal seguir interviniendo en las causas de la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, mientras se completa la transferencia de competencias al ámbito porteño.

El planteo fue realizado durante la presentación del informe de gestión 2025 ante la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público, presidida por el diputado Sebastián Galmarini, donde también se reclamó una actualización del presupuesto del organismo.

Casal explicó que la Procuración elevó al Poder Ejecutivo un proyecto de DNU para evitar vacíos legales en la actuación de los fiscales nacionales.

«Tenemos una responsabilidad fundamental de hacer efectiva la justicia penal y no perjudicar el ejercicio de la acción», afirmó.

Además, señaló que mientras no haya una solución definitiva, la Procuración continuará presentando los recursos judiciales correspondientes y confirmó que la propuesta se encuentra bajo análisis del Ministerio de Justicia.

El impacto del fallo Levinas

El pedido se produce tras el fallo «Levinas», mediante el cual se estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires será la última instancia en las causas tramitadas por la Justicia Nacional antes de una eventual intervención de la Corte Suprema.

En ese contexto, Galmarini consideró que el reclamo es «razonable y urgente», aunque sostuvo que la solución ideal debería surgir de una ley del Congreso.

«Ya estamos trabajando en una solución viable y temporaria hasta que se transfieran todas las competencias», señaló.

Reclamo por el presupuesto

Durante la exposición, el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel, advirtió que el organismo sufrió una fuerte pérdida de recursos.

Según indicó, el presupuesto creció por debajo de la inflación y registró una caída real del 47% en los últimos dos años.

Pese a ese escenario, destacó avances en la modernización del Ministerio Público, entre ellos:

• Digitalización de expedientes.
• Implementación de un sistema único de gestión para causas penales y no penales.
• Herramientas de cruce de datos para fortalecer la transparencia.
• Programa para regular el uso de inteligencia artificial dentro del Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, el secretario de la Procuración, Juan Manuel Casanovas, afirmó que la implementación del nuevo sistema acusatorio exige una profunda reorganización del organismo para brindar un servicio de justicia «más ágil, transparente y eficiente».

También precisó que el Código Procesal Penal Federal ya se encuentra vigente en 13 distritos judiciales, que abarcan 18 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.