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Listas colectoras 2027: constitucionalistas advierten sobre riesgos electorales

today18 noviembre, 2026

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El Gobierno nacional impulsa la incorporación de listas colectoras para las elecciones presidenciales de 2027. Cuatro abogados constitucionalistas analizaron sus implicancias jurídicas y democráticas. Aunque existen diferencias sobre su viabilidad, coinciden en señalar problemas de transparencia y advierten sobre las restricciones constitucionales para la elección de senadores.

El debate por las reglas electorales de 2027 sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno nacional ratificara su intención de impulsar las listas colectoras, un mecanismo que permitiría a distintas agrupaciones políticas acompañar a una misma candidatura presidencial con listas legislativas diferentes.

La iniciativa fue confirmada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien señaló que la propuesta deberá atravesar el correspondiente tratamiento parlamentario.

El planteo abrió una discusión jurídica sobre sus posibles efectos en la representación política, la igualdad entre competidores y la claridad de la oferta electoral.

Los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez, Carlos Lombardi, Eduardo Gerome y Diego Armesto expusieron distintas interpretaciones sobre la legalidad del sistema, especialmente en relación con las diferencias entre la elección de diputados y senadores nacionales.

¿Qué son las listas colectoras?

Las listas colectoras permiten que dos o más agrupaciones políticas presenten candidatos legislativos diferentes mientras respaldan a una misma fórmula presidencial.

De esta manera, una candidatura presidencial podría recibir el apoyo electoral de distintas listas, incluso cuando estas representen espacios políticos con identidades o propuestas diferentes.

El mecanismo plantea interrogantes sobre la transparencia de la competencia y la manera en que se distribuyen los votos y los cargos legislativos.

Diputados y senadores: una diferencia constitucional

Uno de los principales puntos de discusión es la aplicación del sistema a las elecciones legislativas.

Andrés Gil Domínguez sostuvo que las colectoras para diputados nacionales podrían resultar constitucionalmente admisibles debido al sistema de representación proporcional utilizado para distribuir las bancas.

Sin embargo, consideró que su aplicación a la elección de senadores presenta un problema diferente.

La Constitución Nacional establece que cada provincia elige tres senadores: dos corresponden a la fuerza que obtiene la mayor cantidad de votos y uno a la que alcanza el segundo lugar.

Según su interpretación, las colectoras podrían alterar ese esquema si dos listas vinculadas con una misma candidatura presidencial ocuparan las primeras posiciones y pretendieran acceder a las tres bancas.

Eduardo Gerome coincidió en distinguir ambas situaciones. Consideró que la Constitución no impide que distintos partidos acompañen a un mismo candidato presidencial, pero advirtió que cualquier mecanismo aplicado al Senado debe respetar la distribución establecida en el artículo 54.

Advertencias sobre la transparencia electoral

Carlos Lombardi planteó que las listas colectoras pueden afectar la relación entre la voluntad del electorado y la representación política.

A su entender, la acumulación de apoyos sobre una candidatura común podría generar distorsiones cuando las agrupaciones que la respaldan sostienen propuestas diferentes o contradictorias.

Diego Armesto también cuestionó el mecanismo al considerar que puede generar desigualdades en la competencia electoral y dificultar la comprensión de las alternativas disponibles para los votantes.

Gil Domínguez, por su parte, sostuvo que las colectoras no constituyen una de las opciones más transparentes para organizar una elección, incluso en aquellos casos en los que podrían ser jurídicamente admisibles.

Las observaciones se relacionan con el principio de igualdad electoral y con el papel de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, reconocido en el artículo 38 de la Constitución Nacional.

Los antecedentes y una posible discusión judicial

El debate también recuperó antecedentes electorales y judiciales.

Entre ellos aparece el caso Bravo, vinculado con la acumulación de votos de distintas agrupaciones para una candidatura al Senado. La interpretación judicial de ese conflicto fue mencionada como antecedente relevante para analizar los límites de las colectoras en la distribución de bancas.

También se recordó el decreto 259/2019, que estableció restricciones a las listas colectoras en las elecciones nacionales.

Los especialistas señalaron que, si el Congreso aprobara una modificación del régimen electoral, podrían presentarse impugnaciones judiciales por parte de quienes consideraran afectados sus derechos.

No obstante, la eventual intervención de la Justicia dependería del contenido definitivo de la norma y de los planteos que se formularan.

Qué necesita el Gobierno para modificar las reglas electorales

La discusión deberá desarrollarse en el Congreso, donde las modificaciones al régimen electoral requieren mayorías especiales.

De acuerdo con el artículo 77 de la Constitución Nacional, las leyes que modifican el régimen electoral y de partidos políticos necesitan la mayoría absoluta del total de los integrantes de cada Cámara.

Esto implica reunir al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.

El Gobierno deberá, por lo tanto, construir los acuerdos parlamentarios necesarios para avanzar con su propuesta.

Mientras tanto, el debate sobre las colectoras incorpora una cuestión central: cómo compatibilizar los acuerdos entre fuerzas políticas con la transparencia de las elecciones y el respeto a las reglas constitucionales de representación.

La iniciativa continúa siendo una propuesta en discusión y su implementación para 2027 dependerá del tratamiento legislativo y de las condiciones jurídicas que finalmente se establezcan.

Escrito por Diario Sonar

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