La Cámara de Diputados fue convocada para este miércoles 18 de noviembre, desde las 12, con una agenda que incluye la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y cambios en la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo busca avanzar con ambas iniciativas, aunque enfrenta diferencias con bloques aliados por las facultades que otorgaría al Poder Ejecutivo.
La Cámara de Diputados tiene previsto sesionar este miércoles 18 de noviembre para tratar un conjunto de proyectos impulsados por el Gobierno nacional. Entre los principales temas figuran la denominada Ley Malvinas, orientada a establecer sanciones por actividades no autorizadas en el Atlántico Sur, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que busca consolidar restricciones al financiamiento monetario del Estado.
La sesión especial fue solicitada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros legisladores oficialistas. El debate comenzará a las 12 y podría extenderse hasta la madrugada.
La agenda también contempla acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y convenios internacionales vinculados con el comercio exterior.
Ley Malvinas: sanciones y diferencias por las facultades del Ejecutivo
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional propone establecer un régimen de sanciones económicas y penales contra empresas y personas involucradas en la explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina.
La iniciativa contempla penas de hasta 20 años de prisión para determinados responsables de estas operaciones, incluidos directivos, socios y proveedores, con excepciones previstas para accionistas minoritarios y fondos de inversión con participación indirecta.
Este apartado reúne un respaldo relativamente amplio entre distintos sectores parlamentarios.
Sin embargo, las principales diferencias se concentran en el capítulo 7, que incorpora disposiciones sobre seguridad nacional, inteligencia y atribuciones del Poder Ejecutivo.
El PRO y la UCR manifestaron su disposición a acompañar el proyecto, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y otros legisladores reclamaron modificaciones más profundas.
La falta de acuerdos podría derivar en la eliminación de ese capítulo durante la votación en particular.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
Uno de los puntos más discutidos es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente de la Nación e integrado por funcionarios de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores, Economía, inteligencia y el área Legal y Técnica.
El organismo tendría funciones de coordinación estratégica y podría intervenir ante situaciones definidas como amenazas externas graves.
Entre las medidas contempladas en el proyecto aparecen restricciones temporales a determinadas operaciones financieras y cambiarias, bloqueo de activos, modificaciones en autorizaciones comerciales y medidas sobre importaciones y exportaciones.
La iniciativa también incluye disposiciones sobre el derribo de aeronaves, el hundimiento de embarcaciones y la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones no convencionales.
Los bloques opositores cuestionan la amplitud de estas atribuciones y advierten que algunas definiciones podrían permitir interpretaciones discrecionales sobre las amenazas a la seguridad nacional.
En respuesta a parte de las objeciones, el oficialismo incorporó excepciones para proteger actividades diplomáticas, periodísticas y académicas, además de contemplar la creación de una comisión bicameral de seguimiento.
Según el texto, el Poder Ejecutivo debería informar a esa comisión sobre las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.
El capítulo que podría complicar la votación
El capítulo 7 también introduce modificaciones vinculadas con el financiamiento electoral extranjero, que requieren una mayoría especial para su aprobación.
En Diputados, esa mayoría implica reunir al menos 129 votos.
El oficialismo no tiene garantizado ese respaldo, por lo que podría aceptar la eliminación del capítulo para facilitar la aprobación del resto de la ley.
La discusión se concentrará, por lo tanto, en determinar qué facultades quedarán incluidas en el texto definitivo y cuáles podrían ser modificadas o retiradas.
Banco Central: el Gobierno busca consolidar la política de emisión cero
El segundo proyecto central de la sesión es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.
La iniciativa propone establecer como objetivo principal de la autoridad monetaria la preservación del valor de la moneda, reemplazando el esquema de múltiples finalidades incorporado mediante la reforma de 2012.
Entre sus disposiciones se encuentra la prohibición de distintos mecanismos de financiamiento al Tesoro, incluidos los adelantos transitorios, la utilización de letras intransferibles y la compra de títulos públicos en el mercado primario.
También plantea eliminar atribuciones vinculadas con la orientación del crédito hacia sectores específicos y determinadas políticas crediticias diferenciadas.
El Gobierno sostiene que estos cambios permitirían establecer límites institucionales para evitar que futuras administraciones recurran a la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del gasto público.
Las modificaciones introducidas por el Senado
Otro punto de discusión es el procedimiento para designar y remover autoridades del Banco Central.
La versión originalmente aprobada por Diputados establecía una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para remover integrantes del directorio.
El Senado modificó ese mecanismo y lo reemplazó por una mayoría absoluta de sus miembros, sin intervención de Diputados en esa instancia.
Aunque el oficialismo evaluó insistir con su redacción inicial, finalmente aceptó avanzar con las modificaciones introducidas por la Cámara alta.
De mantenerse esa decisión en la votación, el proyecto quedaría en condiciones de completar su trámite legislativo.
Una sesión con varios frentes de negociación
Además de las dos iniciativas principales, la Cámara tiene previsto abordar acuerdos sobre competencias judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, el tratado comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y una enmienda al Protocolo de Montevideo.
La sesión representa una instancia importante para la agenda legislativa del Gobierno, que deberá combinar el respaldo de sus aliados con negociaciones sobre los artículos más controvertidos.
El resultado dependerá especialmente de la votación por capítulos de la Ley Malvinas y de la aceptación definitiva de los cambios introducidos por el Senado a la reforma del Banco Central.
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