Nacionales

Ley de Malvinas: el oficialismo tiene los votos para aprobarla, pero peligra un capítulo clave

today16 noviembre, 2026

share close

La Libertad Avanza cuenta con respaldo para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en Diputados. Sin embargo, los bloques dialoguistas cuestionan el capítulo sobre injerencia extranjera y financiamiento electoral. La iniciativa también contempla sanciones a petroleras que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur y nuevas facultades para el Poder Ejecutivo.

El Gobierno nacional buscará aprobar este miércoles 18 de noviembre, en la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley de Malvinas. Aunque el oficialismo tendría asegurados los votos para su aprobación general, enfrenta dificultades para sostener uno de sus apartados más controvertidos.

Se trata del capítulo 7, que establece restricciones al financiamiento político extranjero y crea nuevas figuras penales vinculadas con la injerencia de otros Estados. Para aprobarlo se necesitan 129 votos, una mayoría especial que La Libertad Avanza todavía no tiene garantizada.

Durante las negociaciones, el PRO y la UCR manifestaron su disposición a acompañar el proyecto, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada Karina Banfi reclamaron modificaciones de mayor alcance. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno podría aceptar la eliminación del capítulo para asegurar la aprobación del resto de la iniciativa.

Injerencia extranjera y financiamiento electoral

El apartado cuestionado contempla sanciones económicas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales en Argentina.

También establece penas de prisión para quienes faciliten operaciones militares o de inteligencia de otros Estados destinadas a afectar la seguridad nacional, entreguen información secreta o colaboren con actividades clandestinas.

Tras las críticas recibidas, el oficialismo incorporó excepciones para proteger el ejercicio del periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación legítima de intereses.

Sin embargo, algunos bloques consideran que las definiciones utilizadas continúan siendo demasiado amplias y podrían habilitar interpretaciones discrecionales.

Sanciones por la explotación petrolera en Malvinas

Uno de los ejes centrales del proyecto es fortalecer las herramientas legales contra empresas que explotan recursos naturales en áreas marítimas vinculadas con las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La iniciativa contempla penas de hasta 20 años de prisión para determinados responsables de esas actividades, incluidos directivos, socios y proveedores.

Durante las negociaciones se introdujeron modificaciones para limitar el alcance de las sanciones. Quedaron excluidos los accionistas con participaciones de hasta el 2% y determinados fondos de inversión con intervención indirecta.

También se redujeron las multas previstas originalmente, que pasaron de un equivalente de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo a un rango de entre 2.000 y 40.000 barriles.

Nuevas facultades para el Poder Ejecutivo

La reforma propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente de la Nación e integrado por funcionarios de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores, Economía, Inteligencia y Legal y Técnica.

A pedido de los bloques aliados, se incorporó la participación no permanente de autoridades legislativas y gobernadores provinciales.

El organismo tendría facultades para coordinar respuestas ante amenazas externas graves y proteger infraestructuras estratégicas. Entre las medidas previstas figuran restricciones temporales a operaciones financieras, bloqueo de activos, suspensión de contrataciones y limitaciones al comercio exterior.

Estas atribuciones generan cuestionamientos opositores por la posibilidad de concentrar decisiones excepcionales en el Poder Ejecutivo.

El debate por las Fuerzas Armadas y los controles legislativos

Otro punto controvertido es la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en operaciones no convencionales, junto con protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones.

Sectores del peronismo y la izquierda advierten que estas disposiciones podrían debilitar la separación entre defensa nacional y seguridad interior.

Como mecanismo de control, el oficialismo aceptó incorporar una Comisión Bicameral de Seguimiento, encargada de supervisar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Ejecutivo debería informar las medidas adoptadas dentro de un plazo máximo de 48 horas.

También genera diferencias la propuesta de otorgar rango legal al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET), que permitiría incorporar organizaciones cuando existan motivos razonables para sospechar su vinculación con actividades terroristas.

La oposición cuestiona la amplitud de ese criterio y reclama mayores garantías jurídicas.

Una votación con resultado abierto

La sesión está prevista para el miércoles desde las 12 y también incluye otros proyectos, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y acuerdos internacionales.

El oficialismo llega al debate con posibilidades de aprobar la Ley de Malvinas en general, pero sin garantías de conservar todos sus capítulos.

La discusión parlamentaria definirá tanto el alcance de las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en el Atlántico Sur como los límites de las nuevas facultades estatales en materia de seguridad, defensa e inteligencia.

Escrito por Diario Sonar

Valóralo

Comentarios de las entradas (0)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *