La Casa Rosada modificó su propuesta de reforma electoral para permitir, de manera excepcional, que una candidatura presidencial pueda ser acompañada por dos listas legislativas. La Libertad Avanza busca reunir las firmas necesarias para obtener dictamen en el Senado y avanzar con el tratamiento del proyecto antes de fin de mes.
El Gobierno nacional incorporó la posibilidad de utilizar listas colectoras en su proyecto de reforma electoral, como parte de las negociaciones destinadas a conseguir los votos necesarios para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La modificación forma parte de un nuevo borrador que será discutido este martes 17 de noviembre, desde las 15, en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el legislador Agustín Coto.
La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza también incluye una nueva versión del proyecto de Ficha Limpia, que amplía las restricciones para acceder a candidaturas electorales en casos de condenas judiciales.
El oficialismo pretende obtener dictamen durante esta semana y llevar la reforma al recinto antes de finalizar noviembre. Sin embargo, las negociaciones con los bloques aliados todavía presentan dificultades.
Qué son las listas colectoras y cómo funcionarían
La principal novedad del proyecto es la incorporación excepcional de un mecanismo que permitiría a una misma candidatura presidencial estar acompañada por dos listas de legisladores nacionales de diferentes agrupaciones políticas.
En el esquema propuesto, una fórmula presidencial podría contar con:
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Una lista de candidatos legislativos de su propia agrupación política.
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Una segunda lista legislativa perteneciente a otra agrupación, siempre que esta no acompañe a una candidatura presidencial diferente.
El mecanismo se aplicaría únicamente en el proceso electoral contemplado por la reforma.
En la Boleta Única Papel (BUP) podrían aparecer, de esta manera, dos alternativas legislativas vinculadas con una misma fórmula presidencial.
Sin embargo, los votos obtenidos por cada agrupación se contabilizarían por separado, sin acumularse entre ambas listas para la distribución de cargos legislativos.
La incorporación de esta herramienta busca facilitar acuerdos electorales entre fuerzas políticas que comparten una candidatura presidencial, pero mantienen sus propias listas para el Congreso.
La suspensión de las PASO, el principal objetivo
El Gobierno considera que la suspensión de las primarias constituye uno de los puntos centrales de su agenda de reforma política.
Para avanzar, La Libertad Avanza necesita reunir los apoyos suficientes dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y posteriormente conseguir una mayoría en el recinto.
De acuerdo con las negociaciones conocidas hasta el momento, el oficialismo busca alcanzar 10 firmas para obtener dictamen favorable.
Sin embargo, hasta este lunes contaba con ocho respaldos considerados seguros: seis senadores propios y dos legisladores aliados.
Entre quienes acompañarían la iniciativa se encuentran el radical Eduardo Vischi y Alejandra Vigo, aunque esta última había solicitado modificaciones al texto.
El Gobierno también intenta sumar a Rodolfo Suárez y Carlos Espínola, mientras continúan las conversaciones con otros representantes provinciales.
Las negociaciones con gobernadores y bloques aliados
La estrategia parlamentaria del oficialismo incluye acuerdos con gobernadores y dirigentes de diferentes espacios políticos.
Entre los mandatarios que expresaron posiciones favorables a suspender o eliminar las PASO aparecen Raúl Jalil, de Catamarca; Rolando Figueroa, de Neuquén; Martín Llaryora, de Córdoba; Ignacio Torres, de Chubut; y Gustavo Sáenz, de Salta.
También se desarrollan conversaciones con sectores vinculados a la Unión Cívica Radical, el PRO y Provincias Unidas.
El Gobierno busca consolidar una mayoría de 37 votos en el Senado, número necesario para alcanzar la mayoría absoluta de sus integrantes.
No obstante, el respaldo a la suspensión de las PASO no implica necesariamente que todos esos sectores acompañen los restantes artículos de la reforma.
La inclusión de las listas colectoras y los cambios en Ficha Limpia generan diferencias entre algunos aliados, que reclaman modificaciones antes de comprometer su voto.
Ficha Limpia: una propuesta más amplia que la anterior
El proyecto también incorpora una nueva versión de Ficha Limpia, destinada a establecer restricciones para que determinadas personas condenadas judicialmente puedan presentarse como candidatas.
A diferencia de la iniciativa debatida anteriormente, centrada principalmente en delitos de corrupción, el nuevo texto propone incluir delitos dolosos, es decir, aquellos cometidos con intención.
Según el borrador, la inhabilitación electoral alcanzaría a personas con condenas confirmadas en segunda instancia judicial.
La propuesta establece además un criterio temporal para su aplicación.
Las condenas confirmadas antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral podrían producir efectos sobre las candidaturas de la elección siguiente.
En cambio, cuando la confirmación judicial se produzca a partir del 1 de enero del año electoral, la restricción comenzaría a aplicarse una vez finalizado ese proceso.
El texto también contempla los casos en que una sentencia de segunda instancia modifique la pena impuesta, siempre que confirme la comisión de alguno de los delitos establecidos en la condena inicial.
Diferencias con la propuesta de los bloques dialoguistas
La incorporación de Ficha Limpia introduce un nuevo punto de negociación entre el Gobierno y sus aliados parlamentarios.
Sectores de la UCR, el PRO y Provincias Unidas pretendían retomar el texto que había sido rechazado por el Senado en 2025.
Aquella iniciativa se concentraba en las restricciones electorales vinculadas con condenas por determinados delitos de corrupción.
La propuesta oficialista, en cambio, amplía el alcance a los delitos dolosos en general, lo que podría generar un debate más amplio sobre los criterios de inhabilitación para ejercer cargos electivos.
La diferencia entre ambos proyectos será uno de los aspectos que deberán resolverse durante la discusión parlamentaria.
Una semana decisiva para la reforma
Las negociaciones estuvieron encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
El oficialismo considera que la incorporación de las colectoras puede facilitar acuerdos con sectores provinciales y mejorar las posibilidades de aprobación de la suspensión de las PASO.
Sin embargo, el primer obstáculo será conseguir el quórum y las firmas necesarias para emitir dictamen en la comisión.
Si logra superar esa instancia, el Gobierno buscará llevar el proyecto al recinto antes de fin de mes.
La discusión definirá no solamente el futuro de las PASO, sino también las reglas de conformación de alianzas electorales y los requisitos judiciales para acceder a candidaturas nacionales.
Por el momento, las modificaciones forman parte de una propuesta legislativa y no constituyen cambios vigentes en el sistema electoral argentino.
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