El Congreso sancionó este viernes la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que apunta a flexibilizar los controles tributarios y promover el blanqueo de dólares no declarados, adquiridos en el mercado informal.
La norma, enviada por el Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei, modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales, el Código Civil y Comercial y crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada, con cambios de fuerte impacto en la relación entre el Estado y los contribuyentes.
Uno de los ejes centrales es la creación del “Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias”, al que podrán adherir personas humanas con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos. Según el Gobierno, quienes ingresen a este esquema quedarán “blindados” frente a futuras revisiones fiscales.
En concreto, los contribuyentes adheridos no deberán informar variaciones patrimoniales ni justificar consumos, ya que ARCA (ex AFIP) solo calculará el impuesto a las Ganancias sobre los ingresos facturados. De esa base imponible se deducirán los consumos, sin que se analice el crecimiento del patrimonio personal.
El artículo 39 de la ley establece el llamado “efecto liberatorio del pago”: si el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y paga en término, quedará liberado de acciones penales, salvo que se detecte la omisión de ingresos.
La normativa también introduce cambios significativos en los umbrales penales. El delito de evasión simple pasará a considerarse recién a partir de 100 millones de pesos, cuando hasta ahora el piso era de 1,5 millones. En el caso de la evasión agravada, el monto mínimo se eleva a 1.000 millones de pesos, muy por encima de los 15 millones vigentes hasta el momento.
Otro punto clave es la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que baja de cinco a tres años. Además, ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes, aunque este beneficio podrá utilizarse una sola vez por persona.
Si la denuncia aún no fue presentada, la acción penal quedará extinguida si el contribuyente paga la deuda más un adicional del 50%, dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.
Si bien la ley apunta a un relajamiento de los controles fiscales, también contempla un endurecimiento de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término.
La Ley de Inocencia Fiscal ya genera debate político y económico, tanto por su impacto en la recaudación como por el mensaje que envía respecto al control estatal sobre grandes patrimonios y capitales no declarados.
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