La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), una iniciativa impulsada por el Gobierno para atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos e industriales estratégicos.
El nuevo régimen apunta a proyectos vinculados con industrias de frontera, como la industrialización de minerales críticos, biotecnología, producción de baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, reactores nucleares de pequeña y mediana escala, semiconductores e inteligencia artificial.
Para acceder a los beneficios, las inversiones deberán alcanzar un mínimo de 1.000 millones de dólares, cinco veces más que el piso exigido por el RIGI original.
Entre los principales incentivos, el proyecto establece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años para las empresas que adhieran al régimen.
Además, el plazo para ingresar al programa será de cinco años, con posibilidad de una prórroga, a diferencia del RIGI vigente, cuya ventana de adhesión es más reducida.
El Súper RIGI también limita su alcance al excluir proyectos de recursos naturales, infraestructura y ampliaciones de emprendimientos ya existentes, concentrándose exclusivamente en nuevas industrias.
En materia tributaria, propone reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, aplicar un esquema de amortización acelerada de inversiones, otorgar certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y fijar una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales.
Asimismo, permite deducir quebrantos sin límite temporal y reduce la carga sobre los dividendos, que tributarán el 7% y descenderán al 3,5% luego de cuatro años de permanencia en el régimen.
Entre los beneficios aduaneros y cambiarios se incluyen la exención de derechos de importación, la eliminación de retenciones a las exportaciones y la supresión de restricciones y cupos para operar.
El proyecto también contempla una disponibilidad progresiva de las divisas generadas por exportaciones, hasta permitir que las empresas dispongan del 100% de esos ingresos a partir del tercer año de adhesión al régimen.
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