El Congreso nacional se prepara para un debate clave en torno a la Ley de Glaciares, una normativa central para la protección de las reservas de agua dulce del país. Durante el período de sesiones extraordinarias, que comenzará el próximo lunes 2 de febrero, el oficialismo y la oposición discutirán una posible modificación de la ley vigente (26.639), con una sesión prevista para el martes 10.
El proyecto impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei propone redefinir el alcance de la protección sobre glaciares y el ambiente periglacial. En particular, apunta a modificar artículos vinculados a la relevancia hídrica de estas zonas y a otorgar mayor potestad a las provincias sobre la administración de sus recursos naturales.
Desde el oficialismo sostienen que la legislación actual genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones”, especialmente en sectores estratégicos como la minería y los hidrocarburos. En ese sentido, la iniciativa busca restringir la protección únicamente a aquellos glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva y estratégica”, habilitando actividades productivas en áreas actualmente protegidas.
En contraposición, los bloques opositores —principalmente Unión por la Patria— advierten que una modificación de la ley podría dejar sin efecto la prohibición de actividades mineras y de exploración de hidrocarburos en zonas consideradas reservas de agua. Organismos ambientalistas ya manifestaron su rechazo al tratamiento del proyecto, al considerar que pone en riesgo glaciares, ambientes periglaciales y cuencas hídricas fundamentales para el consumo humano.
Mientras el Gobierno argumenta que la reforma permitiría impulsar proyectos de megaminería y favorecer el desarrollo económico, la oposición defiende la preservación de estas áreas como objetivo central de la ley vigente, priorizando la protección del agua dulce como recurso estratégico.
Fuentes legislativas consultadas por Diario Sonar indicaron que, de aprobarse la modificación, las provincias contarían con mayor autonomía para decidir sobre sus recursos naturales. Este reclamo es compartido especialmente por distritos con potencial explotación de litio y cobre, como San Juan, Catamarca y Jujuy, donde la normativa actual limita el avance de proyectos mineros.
En ese marco, legisladores de esas provincias reconocen estar “bajo presión”, ante la disyuntiva de acompañar iniciativas de desarrollo productivo o sostener una postura ambientalista. Por el momento, trascendió que no se buscaría derogar completamente la ley, sino avanzar en un texto intermedio que garantice la protección ambiental sin descartar el crecimiento económico, aunque las posiciones provinciales generan tensiones dentro del interbloque opositor.
Desde los sectores que respaldan la reforma aseguran que el objetivo es brindar “certezas técnicas” para compatibilizar la producción con el cuidado del ambiente, manteniendo los controles y auditorías existentes.
El debate promete ser intenso y volverá a poner en el centro de la escena la histórica discusión entre desarrollo económico, federalismo y protección de los recursos naturales.
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