El Gobierno de La Pampa resolvió no aprobar, por el momento, el Informe Final Ambiental (IFA) ni el Plan de Remediación y Saneamiento del área hidrocarburífera El Medanito, al considerar que la documentación presentada por la UTE integrada por Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y Pampetrol SAPEM aún no reúne las condiciones técnicas, ambientales, económicas y administrativas requeridas.
La decisión fue comunicada este jueves con el envío a la Legislatura del Informe Técnico Fundado elaborado por las Secretarías de Ambiente y Cambio Climático y de Energía y Minería, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Provincial Nº 3640.
El Ejecutivo explicó que, desde la presentación del IFA en diciembre de 2025, los organismos competentes realizaron sucesivas observaciones técnicas durante febrero, marzo, abril y junio de este año. Aunque la concesionaria respondió parte de esos requerimientos, la evaluación continúa en curso y todavía restan observaciones por subsanar, cuyos plazos vencen entre el 18 y el 20 de junio.
En ese marco, el Gobierno provincial remarcó que no asumirá los costos derivados de la remediación ambiental ni del abandono de pozos e instalaciones, y ratificó que esas obligaciones corresponden exclusivamente a la UTE conformada por PCR y Pampetrol.
«Los pasivos ambientales, los costos de remediación y saneamiento, el abandono de pozos e instalaciones y cualquier otra carga económica derivada de la explotación hidrocarburífera deberán ser afrontados por las empresas concesionarias, conforme al principio de responsabilidad ambiental», sostuvo el Ejecutivo.
Asimismo, se recordó que el proceso incluyó la audiencia pública realizada el pasado 12 de junio, de la que participaron vecinos, organizaciones sociales, organismos públicos y representantes de las empresas involucradas. El Informe Técnico Fundado también será incorporado al Data Room de la próxima licitación del área.
Finalmente, el Gobierno indicó que la evaluación del Informe Final Ambiental y del Plan de Remediación seguirá su curso y aseguró que mantendrá un estricto control sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales, adoptando las medidas administrativas y legales que correspondan ante eventuales incumplimientos.
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