El Gobierno provincial puso en marcha la séptima etapa del relevamiento del Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), una herramienta clave para medir la calidad de vida de la población pampeana y orientar las políticas públicas. Con la incorporación de Santa Isabel, la medición 2026 alcanzará a la totalidad de las 10 regiones establecidas por la Ley de Descentralización.
La primera parte del operativo ya comenzó en Santa Rosa, General Pico, Toay y Santa Isabel, donde se realizarán alrededor de 1.700 encuestas. El resto de las localidades será relevado entre julio y agosto.
La subsecretaria de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, Laura Ramborger, explicó que en el caso de Santa Isabel se trata de la primera medición, lo que permitirá establecer una línea de base para futuras evaluaciones periódicas.
Diferencias territoriales y nueva metodología
Desde este año, el IVS adopta una metodología diferenciada. Las tres ciudades más grandes de la provincia —Santa Rosa, General Pico y Toay— serán relevadas dos veces al año, en febrero y agosto, debido a que presentan variaciones más significativas cada seis meses.
En cambio, las localidades más pequeñas tendrán una medición anual, ya que su dinámica poblacional es más estable y los resultados tienden a ser constantes en el tiempo.
La funcionaria indicó que esta decisión surge a partir de un informe técnico elaborado por la consultora de la Universidad Nacional de La Pampa, que analizó las diferencias entre los grandes centros urbanos y las localidades de menor tamaño.
Con la inclusión de Santa Isabel, quedan representadas todas las regiones de descentralización de la provincia, lo que permitirá proyectar resultados a cada zona y, especialmente, incorporarlos al índice de coparticipación social. Este índice es el que define la distribución de fondos destinados a programas de economía social, desarrollo productivo y participación comunitaria.
Trabajo articulado
El relevamiento involucra a distintas áreas del Gobierno provincial. Participan el Ministerio de Salud —a través de la Subsecretaría de Salud Comunitaria—, el Ministerio de Conectividad y Modernización, el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, junto a equipos municipales de las localidades incluidas.
Datos clave para las políticas públicas
Ramborger destacó que el IVS permite contar con información propia y específica de cada región. A diferencia de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que mide el aglomerado Santa Rosa-Toay, el IVS ofrece datos generados en cada territorio, evitando extrapolaciones que no reflejan las realidades locales.
Además de brindar un indicador numérico sobre la situación social, el relevamiento posibilita evaluar la cobertura y el impacto de los programas alimentarios, tanto municipales como provinciales y nacionales. A partir de esos resultados, se readecuan políticas públicas para mejorar su alcance y eficiencia.
Un ejemplo de esa actualización fue la reformulación del RAFE (Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario), diseñada en función de la información obtenida sobre la composición de los núcleos familiares y las estrategias de subsistencia.
“El objetivo es llegar donde hace falta y de la mejor manera”, concluyó la subsecretaria.
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