El gobernador Sergio Ziliotto envió a la Legislatura un proyecto de ley que prohíbe la venta de tierras rurales con recursos naturales estratégicos a extranjeros. La iniciativa establece límites de entre 1.000 y 20.000 hectáreas según la zona y fija un máximo del 15% de propiedad extranjera en el territorio provincial.
El Gobierno de La Pampa presentó un proyecto de Ley Provincial de Tierras Rurales que busca establecer restricciones a la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras, con especial atención a la protección de los recursos naturales estratégicos.
La iniciativa, remitida por el gobernador Sergio Ziliotto a la Cámara de Diputados, propone crear un marco regulatorio propio ante la ausencia de una normativa nacional vigente en la materia.
El texto contempla prohibiciones absolutas para determinadas áreas, límites a la concentración de tierras y restricciones específicas para Estados extranjeros y empresas con participación estatal de otros países.
Ríos, acuíferos y humedales: tierras que no podrán venderse a extranjeros
Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición absoluta de vender a personas físicas o jurídicas extranjeras tierras rurales que incluyan o colinden directamente con recursos naturales considerados estratégicos.
La medida comprende terrenos vinculados con ríos, acuíferos, lagunas, humedales y bosques nativos, además de aquellos declarados áreas protegidas.
De aprobarse, esta disposición impediría la adquisición extranjera de tierras ubicadas en sectores especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental.
El objetivo declarado por el Ejecutivo provincial es preservar el control sobre recursos naturales fundamentales para el desarrollo presente y futuro de La Pampa.
Un máximo de entre 1.000 y 20.000 hectáreas
La propuesta también establece límites a la superficie de tierras rurales que podrán poseer personas y empresas extranjeras.
En lugar de aplicar un máximo uniforme para toda la provincia, el proyecto utiliza como referencia la Ley Provincial 468, que determina las Unidades Económicas Agrarias de acuerdo con la productividad de cada región.
Con ese criterio, la superficie máxima permitida oscilará entre 1.000 y 20.000 hectáreas, dependiendo de la ubicación de los terrenos.
La diferenciación busca contemplar las características productivas de cada zona y evitar que un mismo límite resulte desproporcionado en territorios con condiciones económicas y ambientales diferentes.
El 15% como límite de propiedad extranjera
Otro aspecto relevante es la fijación de un techo del 15% de extranjerización de tierras rurales, tanto en el conjunto de La Pampa como en cada uno de sus departamentos.
La aplicación departamental busca impedir que la propiedad extranjera se concentre en determinadas regiones, especialmente aquellas con mayor productividad o presencia de acuíferos.
Además, el proyecto establece que los titulares de una misma nacionalidad no podrán concentrar más del 30% de la superficie admitida dentro de ese límite de extranjerización.
También se contempla una restricción total a la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera.
Las excepciones para residentes extranjeros
El proyecto establece excepciones a los límites de superficie para personas extranjeras que acrediten determinados vínculos de residencia y arraigo en la Argentina.
Entre los casos contemplados se encuentran quienes tengan diez años de residencia continua y permanente en el país.
También podrán quedar exceptuadas las personas extranjeras con hijos argentinos que acrediten al menos cinco años de residencia, así como quienes estén casadas o mantengan una unión convivencial con una persona argentina desde hace un mínimo de cinco años y cumplan el mismo requisito de residencia.
La iniciativa incorpora, además, una disposición especial para extranjeros naturalizados como ciudadanos argentinos por inversión, quienes podrán adquirir tierras sin las limitaciones de superficie previstas si acreditan dos años de residencia continua ante el Registro Provincial de Tierras Rurales.
Una respuesta provincial al vacío normativo nacional
El Gobierno pampeano fundamenta la propuesta en las atribuciones que la Constitución Nacional reconoce a las provincias.
En particular, cita los artículos 121 y 124, vinculados con las competencias no delegadas al Estado nacional y el dominio originario de los recursos naturales existentes en los territorios provinciales.
También invoca los artículos 18 y 33 de la Constitución de La Pampa, relacionados con la preservación ambiental, la función social de la propiedad y la subordinación de su explotación a los intereses de la comunidad.
El proyecto recupera aspectos de la Ley Nacional 26.737, que regulaba la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros y que fue derogada.
Desde el Ejecutivo sostienen que la nueva legislación permitiría contar con herramientas provinciales de control frente a la ausencia de ese marco regulatorio nacional.
El debate por la tierra y los recursos estratégicos
La propuesta abre una discusión que excede el mercado inmobiliario rural y alcanza cuestiones vinculadas con la soberanía territorial, el acceso a los recursos naturales y el modelo de desarrollo provincial.
El Gobierno señala que existen antecedentes de restricciones a la adquisición extranjera de tierras en países como Brasil, Uruguay, Paraguay, México, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, entre otros.
Con el envío del proyecto a la Cámara de Diputados, la discusión pasará ahora al ámbito legislativo, donde deberán analizarse sus alcances, mecanismos de aplicación y eventuales modificaciones.
De convertirse en ley, La Pampa contará con un régimen propio para limitar la extranjerización de tierras rurales y establecer condiciones específicas de protección sobre sus recursos naturales estratégicos.
Comentarios de las entradas (0)