La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario volvió a quedar en el centro del debate luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara al Gobierno nacional implementarla de manera inmediata al rechazar, por unanimidad, un recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano.
Pese al fallo, la administración de Javier Milei ratificó que mantendrá su política de equilibrio fiscal y advirtió que cumplir con la norma implicaría un desembolso de entre 1,3 y 3,6 billones de pesos.
Desde el Ejecutivo sostienen que la ley fue sancionada sin precisar la fuente de financiamiento, en contradicción con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda norma que genere un gasto adicional debe indicar de dónde provendrán los recursos.
El Gobierno argumenta que, de no existir una partida específica, la única alternativa sería recurrir a la emisión monetaria, lo que, según su postura, pondría en riesgo el plan económico y alimentaría la inflación.
En cambio, desde los gremios docentes universitarios celebraron la decisión de la Corte. La secretaria adjunta de AGD-UBA, Ileana Celotto, sostuvo que el Gobierno «pretende no pagar» y aseguró que existen recursos suficientes para financiar la ley si se modifican las prioridades presupuestarias.
Además, afirmó que el fallo fue impulsado por la presión ejercida por la comunidad universitaria y anticipó que, con el inicio del segundo cuatrimestre, podría retomarse un plan de lucha en defensa del financiamiento de las universidades públicas.
En la misma línea, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, remarcó que «no se puede elegir qué leyes cumplir y cuáles no» y destacó que la resolución judicial protege el carácter alimentario de los salarios docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles.
Mientras tanto, el Gobierno insistió en que el fallo no resuelve la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma y confirmó que continuará impulsando auditorías, a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), sobre la utilización de los recursos en las universidades nacionales.
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