La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas medidas de prueba y ahora pone el foco en las refacciones realizadas en su vivienda ubicada en un country de Exaltación de la Cruz.
El fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar al contratista que llevó adelante la obra, Matías Tabar, representante de la firma Grupo AA, quien deberá presentarse el próximo 24 de abril en los tribunales de Comodoro Py.
Documentación y movimientos financieros bajo análisis
En el marco de la causa, el fiscal solicitó una amplia cantidad de documentación vinculada a las obras realizadas en la propiedad del country Indio Cuá, entre ellas presupuestos, contratos, facturación, comprobantes de pago y registros de comunicaciones entre el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, titular del inmueble.
Además, se requirió información detallada sobre las formas de pago utilizadas —ya sea en efectivo, transferencias, cheques o billeteras virtuales—, junto con la identificación de cuentas, montos, fechas y personas involucradas en las operaciones.
También se pidió relevar datos sobre proveedores, materiales utilizados, costos, planos y registros fotográficos de la obra, así como las comunicaciones con la administración del barrio privado y el personal que participó en las refacciones.
El pago de expensas, otro punto clave
Otro de los ejes de la investigación es el pago de la tasa de ingreso al country, fijada en unos 5.000 dólares, abonada en noviembre de 2024. La fiscalía solicitó a la administración del barrio los comprobantes correspondientes para determinar cómo se efectuó ese pago y quién lo realizó.
Citaciones por operaciones inmobiliarias
La causa también avanza sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. En ese marco, fueron citadas a declarar las personas que participaron de la operación, incluidas dos jubiladas que financiaron parte de la adquisición mediante una hipoteca privada.
Según consta en la investigación, la propiedad fue vendida por 230.000 dólares: se abonó un adelanto de 30.000 y el resto fue financiado sin intereses, con vencimiento previsto para noviembre próximo.
El fiscal pidió que los involucrados presenten documentación que acredite el origen de los fondos utilizados, incluidas declaraciones juradas impositivas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) correspondientes a los últimos años fiscales.
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